Pesquisas de complot pasan a manos de Sossa

El Ministerio Público tomó ayer una declaración jurada al periodista del diario El Siglo, Edmundo Dolphy, dentro de las sumarias abiertas por la supuesta existencia de un complot para desacreditar a funcionarios, denunciado por el contralor Alvin Weeden.
Dolphy fue mencionado por la también periodista, Michell Lescure, como una de las personas contratadas para desarrollar la campaña de descrédito. Una fuente ligada a las investigaciones señaló que esta es la última declaración tomada dentro del expediente, que fue remitido al despacho del procurador José Antonio Sossa para que éste tome una decisión con respecto a las sumarias.
Sossa deberá decidir si abre una investigación penal o archiva las sumarias. También se informó que dentro del expediente no existen señalamientos concretos contra nadie y que sólo se registran las declaraciones de Lescure; el principal acusado del presunto complot, el también periodista, Tomás Cabal, y los directivos de la empresa San Cristóbal, Barry Miller, Dennis Smith, así como del contralor Weeden.
Ayer Cabal acudió al Ministerio Público para presentar "nuevas evidencias" sobre este caso. A la vez se conoció que dentro de las pesquisas, el Ministerio Público analiza el material entregado por Cabal, que consiste en su mayoría en vídeos con entrevistas a Charles Jumet, uno de los propietarios de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp, acusada por Weeden de haber ocasionado una millonaria lesión patrimonial al Estado.
Por otra parte, el representante legal de la empresa PECC, Carlos Carrillo, afirmó que el caso de presunta corrupción de funcionarios debe investigarse por separado de la supuesta lesión patrimonial cometida por esta transnacional.
Según el jurista, la discusión central del sumario que instruye la Contraloría es por la falta de prestación del servicio de parte de PECC y no la inclusión de acusaciones personales contra funcionarios, que desvían la atención de la principal averiguación.
"Ahora se habla de nuevas denuncias para desviar la verdadera discusión del punto, y es que el Estado no quiere cumplir la concesión, eso es lo que debe discutirse", sostuvo. Agregó que no se puede iniciar una investigación por la supuesta ilegalidad del contrato, partiendo de la existencia de una lesión patrimonial, cuando el contrato es legal hasta que la Corte declare lo contrario.