- 163 es el artículo de la Constitución que prohíbe a la Asamblea intromisión en otros Órganos.
La única potestad de la Asamblea es hacer una denuncia en el MP
- De considerar los diputados que existe una violación a la ley por parte de los funcionarios que hicieron su rendición de cuentas, estos tienen la obligación de presentar las querellas respectivas. Esto aseguró el abogado Ernesto Cedeño, quien explicó que de acuerdo con el Código Judicial, los servidores públicos que conozcan de una irregularidad o violación a la Constitución y la ley tienen la obligación de denunciarlo. Asegura que la Asamblea puede ordenar, a través de su equipo, que se presente este recurso. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, dijo que es un asunto de la Asamblea, pero consideró que la comparecencia de la contralora “no es garantía de un manejo transparente”. Por su parte, el secretario general del Partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, criticó el proceder de los diputados: “Diputados panameñistas violando nuevamente reglamentos, leyes y la Constitución. Los lobos se siguen quitando el disfraz de ovejitas”.
Las intenciones de un grupo de diputados para remover o suspender a como dé lugar a la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, tras su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, pueden tener visos de inconstitucionalidad, de acuerdo con expertos y la opinión de otros diputados consultados.
De acuerdo con el jefe de bancada del PRD, Leandro Ávila, el plan para sacar a la contralora se está preparando desde antes de que ella llegara a la Asamblea a comparecer. Ayer Ávila reaccionó ante la propuesta hecha la noche del miércoles por el diputado panameñista Luis Barría y un grupo de diputados para recomendarle a la Corte Suprema de Justicia la separación del cargo de Bianchini.
Ávila relató: “hace más de dos semanas, el Partido Panameñista venía trabajando sobre una resolución de enviar a la contralora de vacaciones. Yo les advertí a ellos en su momento que hicieran las consultas necesarias, porque la función de la Asamblea es nombrar al contralor, luego sale de nuestras manos y si pasa cualquier cosa irregular, va a la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que esto quedó así y ayer nos sorprendemos cuando se lee una resolución que por lo menos nuestra bancada del PRD no había visto”.
El documento al que hace referencia Ávila era un borrador y no estaba firmado, según contó. Este borrador de resolución que fue presentado por el diputado Barría fue leído por la subsecretaria general de la Asamblea y solicitó, textualmente, lo siguiente:
“Artículo 2: solicitar a la Corte Suprema de Justicia, con miras de evitar la extensión del posible daño o lesión patrimonial del Estado, por su deficiente fiscalización, su ineptitud y negligencia manifiesta, se proceda a remover a la contralora general de la República, sin menoscabo de las responsabilidades penales o de otro orden en las que haya podido incurrir”.
Esta petición, que fue avalada, según leyó la Secretaría General, por los diputados Luis Eduardo Quirós, José Luis Castillo, Ana Matilde Gómez, Luis Barría y Adolfo Valderrama, entre otros, cae en visos de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el abogado Neftalí Jaén se comete una falta al numeral 2 del artículo 163 de la Constitución Política que establece entre las prohibiciones a la Asamblea “inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado”, en este caso, Jaén explicó que es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia juzgar la remoción o suspensión de la contralora, según el artículo 279 de la Constitución.
El abogado Ernesto Cedeño advirtió que nada más la recomendación de remover o suspender a la contralora puede considerarse una intromisión.
Ayer, el diputado oficialista José Antonio Domínguez retractó el tenor de aquel documento identificado como resolución y aseguró que se trató solamente de una propuesta del diputado Barría y que lo que sí podían hacer era enviar a la contralora de vacaciones. “Nosotros podemos enviarla de vacaciones, es algo muy diferente a separarla”.
Sin embargo, Cedeño desmintió que esta sea una potestad de la Asamblea, y explicó que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia tiene la potestad para enviar a la contralora de vacaciones. “Ella no tiene que pedirle permiso a nadie para irse de vacaciones” aseguró el abogado.
