Piden agilizar creación de Fiscalía Superior Especial

Familiares de desaparecidos y víctimas de la dictadura militar solicitaron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa que agilice la discusión del anteproyecto de ley mediante el cual se crea una Fiscalía Superior Especial para investigar todos los expedientes que generó la Comisión de la Verdad.
Rubén Miró, Luis Eduardo Camacho y otros familiares de personas que fueron víctimas de los hechos ocurridos durante la dictadura militar se presentaron la semana pasada ante la Comisión de Gobierno y solicitaron que el proyecto sea discutido lo más pronto posible.
Miró explicó que mientras no haya justicia y no se aclaren todos estos casos, no se puede decir que Panamá es un país realmente democrático en el que existe una verdadera justicia.
Indicó que no tienen plena confianza en la actuación del Ministerio Público y por eso consideran que lo adecuado sería crear una nueva Fiscalía Superior Especial que se encargaría de dar seguimiento a todos los expedientes que abrió la Comisión de la Verdad.
El anteproyecto de ley fue presentado en el pasado período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa por el legislador Jorge Alberto Rosas, Jacobo Salas y José Blandón Figueroa.
Por el momento el anteproyecto de ley está pendiente de ser prohijado o acogido por la Comisión de Gobierno para luego iniciar la discusión correspondiente en primer debate.
Se dispone en la propuesta que la Fiscalía Superior Especial recibirá de la Comisión de la Verdad los expedientes que contienen las investigaciones efectuadas, junto con las declaraciones de testigos, familiares o las víctimas de los casos registrados desde 1968 a la fecha.
El anteproyecto de ley establece que la Fiscalía Superior Especial tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y le corresponderá investigar todos los casos documentados por la Comisión de la Verdad y la Oficina de Seguimiento.
Se dispone en el texto del anteproyecto que la Fiscalía Superior Especial estará a cargo de un fiscal que será designado por el procurador general de la Nación, producto de una terna que se presente a la Corte Suprema de Justicia a través de la Oficina de Seguimiento de la Comisión de la Verdad, por el Colegio Nacional de Abogados y por el Consejo Superior de Universidades.