Piden anular contrato a PPC

Integrantes de los sindicatos de los puertos de Cristóbal, Balboa y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) solicitaron al magistrado Winston Spadafora que se anule el contrato suscrito entre el Estado y la empresa Panama Ports Company (PPC) para manejar los puertos.
En una nota entregada al magistrado Spadafora, los miembros de estas organizaciones detallaron que la Ley 5 de 16 de enero de 1977, por la cual se aprobó el contrato entre Panama Ports y el Estado, fue debatida, aprobada y promulgada sin su participación.
También señalaron que durante el proceso de licitación las empresas inicialmente participantes se retiraron tras observar irregularidades y parcialización hacia la empresa Panama Ports.
A la vez indicaron que desde su entrada en vigencia, la ley ha representado pérdidas irrecuperables para el país, como lo fue la indemnización millonaria pagada a la citada empresa por un globo de terreno y que en realidad correspondía a otra empresa.
Revelaron que esta ley eliminó la norma que reglamentaba el trabajo portuario en Balboa y Cristóbal y la Ley 39 de septiembre de 1979 por la cual se otorga a los servidores públicos portuarios el derecho a crear organizaciones sociales de trabajadores.
Según los quejosos, además se eliminó la Ley 40 de septiembre de 1979 por la cual se autoriza a los servidores públicos del puerto de Cristóbal a establecer organizaciones.
Plantearon que esta ley se debe modificar cancelando todos los pasivos laborales pendientes, XIII mes, cambios de etapas, asignaciones e indemnizaciones a funcionarios que laboran en la AMP.
Pero lo más conmovedor de las historias que circulan es que también se pudo utilizar una cuenta de ahorros prestada para recolectar dinero a beneficio de una obra de beneficencia.
Castillo recibió beneficios de la Asamblea Legislativa, la que le otorgó una licencia para efectuar estudios superiores en Estados Unidos en el 2002, luego de terminar como representante de los trabajadores.
Indican que el abogado salió muchísimas veces de la ciudad de Panamá hacia Estados Unidos, lo que creó la sospecha, ya que sus contactos los hizo en esta nación para el lavado de dinero.
Las pruebas presentadas al presidente de la Asamblea Legislativa por las autoridades especiales antinarcóticos eran evidentes, por lo que se procedió a su destitución.
Entre las personas que accedieron a abrir cuentas bancarias se encuentra personal del Departamento de Asesoría Legal, Protocolo, Participación Ciudadana y funcionarios de las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa, inclusive particulares.
El Panamá América logró contactar al fiscal Rosendo Miranda, pero no ofreció detalles de la investigación, aduciendo la reserva del sumario.
Mientras que Jacobo Salas indicó que se pudo haber "abusado" de la inocencia de algunos funcionarios, ofreciéndoles participación en cuentas bancarias a cambio de usar sus nombres.El abogado era considerado por muchos como un funcionario normal, nada influyente, buena persona y amable, era quien apoyaba incondicionalmente a sus compañeros destituidos para que los reintegraran.