Según Gómez, es importante que este documento, que actualmente es discutido en primer debate en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea, sea ratificado por Panamá y lo convierta en ley de la República, para complementar así la Convención Interamericana contra la Corrupción, que sí es ley de la República.
Indicó que en el tema de la corrupción y en la lucha contra la impunidad es importante contar con los instrumentos multinacionales de esta naturaleza, sobre todo cuando se da el blanqueo de capitales para lograr la repatriación de los involucrados.
"Nos parece que la impunidad podrá tener una defensa, incluso política e ideológica, pero nunca moral. Es importante contar con estos instrumentos para ayudar a aquellos países que se han visto golpeados por la corrupción", señaló.
Con la convención, las autoridades podrán alcanzar a quienes han perpetrado, por ejemplo, un delito de corrupción, teniendo los dineros depositados en cuentas ubicadas en el exterior y que no se pueden investigar.
Este convenio será un instrumento con miras a facilitar y apoyar la cooperación internacional y la formulación de programas de asistencia técnica a favor del país y establecerá disposiciones para la prevención, investigación y el enjuiciamiento de los actos de corrupción, así como el embargo preventivo, la incautación, decomiso y la restitución de delitos tipificados en ella.
El documento fue aprobado ayer en primer debate, por los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El descontento obedece a la implicación que establece el acuerdo al que llegó la Cámara Nacional de Transporte de Carga de Panamá (CANATRACA) con el gobierno nacional, donde sólo autoriza a transportistas panameños a retirar carga en los recintos aduaneros y muelles fiscales.
Una pérdida millonaria ha desencadenado esta situación en el transporte de carga internacional.
El tránsito está completamente paralizado entre Panamá y Costa Rica.
Ningún vehículo articulado puede cruzar la frontera ubicada en el área de Paso Canoas.
