La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, estimó que los delitos de cuello blanco, entre los que figuran las quiebras fraudulentas de empresas, deben ser sancionados con más dureza y que los funcionarios del Ministerio Público y Organo Judicial deben asumir sus responsabilidades de aplicar la ley en estos casos.
Alegó que no es justo sólo perseguir a las personas sin recursos y en aquellos delitos de cuello blanco cometidos por personas con dinero parecieran no ser perseguidos con la misma celeridad por las autoridades.
Sostuvo que se requiere de la aplicación de reformas a las leyes en donde se tipifiquen como delitos contra la economía nacional las quiebras fraudulentas de empresas que en ocasiones provocan graves pérdidas económicas.
Detalló que las investigaciones en ocasiones parecieran manejarse con cierta lentitud cuando se trata de personas con ciertos recursos económicos. También aseguró que en ocasiones existe una diferenciación en el trato dado a algunos casos.
Actualmente el Ministerio Público mantiene tres investigaciones relacionadas con presuntas quiebras fraudulentas, entre las que se encuentran la del Grupo Fotokina, Adelag y la The Providence Corporation.
En estos tres casos la mayoría de los implicados están prófugos de la justicia en otros países, en donde se hayan desarrollando actividades comerciales. Dentro de los tres sumarios las órdenes de arresto e indagatoria fueron emitidas tras la salida de los sospechosos.
