La necesidad de que el director de Carrera Administrativa sea independiente del Organo Ejecutivo y que su nombramiento se extienda más allá del período del presidente de turno, fueron los planteamientos hechos por el secretario general de la Federación Nacional Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, durante el encuentro que sostuvo con la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Las declaraciones de Avila responden a las situaciones que se han dado en torno a la implementación de la Carrera Administrativa, donde los gobiernos de turno pueden derogarla a su antojo o aplicarla a través de resoluciones de gabinete.
Sostuvo la necesidad de darle una verdadera autonomía al director de Carrera Administrativa, de manera que pueda administrar el recurso humano al servicio del Estado.
Igualmente Avila planteó a la presidenta Moscoso la necesidad de que todos los funcionarios públicos tengan estabilidad desde el momento en que cumplan tres años de servicio en el sector público, para alejar el fantasma de la destitución que viven los trabajadores cada cinco años, por motivo del cambio de gobierno.
La FENASEP insistirá en el cumplimiento de la Ley de Carrera Administrativa, a fin de que a los trabajadores del sector público sean indemnizados como los del sector privado, cuando son destituidos injustificadamente de sus cargos.
Indicó que la FENASEP hizo énfasis a la presidenta en el sentido de la necesidad de modificar la Ley de Carrera Administrativa, el establecimiento del salario mínimo para los trabajadores del sector público y la necesidad de dictar una Ley General de Sueldos, y en ese sentido se impartieron instrucciones a la ministra de la presidencia.
Avila expresó que también se recalcó en la necesidad de combatir la corrupción porque la sociedad panameña está perdiendo credibilidad en los políticos, elemento que calificó como "sumamente peligroso", porque aleja la inversión extranjera.
Invitó a la mandataria a dar los pasos concretos para ponerle un freno a los actos de corrupción en caso que se pueda probar la participación de funcionarios del Estado en dichos actos.
Agregó que durante el encuentro con la mandataria, también se informó que la comisión encargada de revisar el salario mínimo no tiene fecha tope para llegar a una recomendación.
Esa decisión fue recibida con beneplácito por el sector obrero, ya que se había informado que la comisión sólo contaba con un plazo de 30 días, destacó Avila.
En caso de que los empresarios y los trabajadores no lleguen a un acuerdo, la decisión le corresponderá al Organo Ejecutivo.
