El juez Séptimo Penal, Felipe Fuentes, se acogió al término de 30 días para decidir si llama a juicio a los 13 sindicados acusados del hurto de 292 piezas de oro y cerámica del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, perpetrado en febrero del 2003, mientras que el director de Patrimonio Histórico del INAC, Carlos Fitzgerald, pidió la conmutación de la pena de cárcel que se les pueda aplicar.
Fuentes también deberá resolver una serie de peticiones realizadas por los abogados de la defensa, entre las que se encuentran la aplicación de medidas cautelares a cinco de los 13 sindicados que aún se encuentran bajo arresto.
El representante de la fiscalía, César Luis Pereira, pidió al juzgado una ampliación de las sumarias para cumplir con una auditoría de las piezas y la posible responsabilidad de otras personas en el hecho.
Durante la audiencia, Pereira solicitó el sobreseimiento para Ariel Arrocha González, Miguel Ward O"brien y José Porta Alvarez, porque no se han encontrado indicios de su participación en el hurto.
A la vez el abogado Víctor Almengor solicitó al juez que se practique un análisis de las piezas hurtadas y luego recuperadas para determinar su autenticidad. Su petición se fundamenta en el hecho que de algunas piezas se había realizado copias y hasta ahora no se ha determinado si son auténticas.
Durante su alegato, Almengor, quien es representante de Beatriz de Ruiz, alegó que su cliente no debe estar sentada en el banquillo de los acusados, porque no era la única persona que tenía llaves de acceso a la puerta del Salón de Oro.
Por otro lado, el abogado Nicolás Brea, defensor de Benjamín Ernesto Rangel, sostuvo que este no tuvo ningún tipo de participación en el ilícito y fue arrestado luego que la Policía Técnica Judicial (PTJ) recibiera una llamada anónima en donde se informaba de una transacción de piezas de oro en la terminal de transporte de Albrook y que al momento de su arresto no se le encontró ninguna pieza.
Brea solicitó al juzgado que a su cliente se le aplique una medida cautelar, debido a que ya cumplió más de la mitad de la pena que se le puede aplicar. Añadió que según el Código Penal la pena máxima aplicable a su cliente es de dos años de prisión.
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