El abogado Leopoldo Castillo García solicitó al canciller José Miguel Alemán que se reconsidere la decisión que adoptó el Ministerio de Relaciones Exteriores en transferirle al Tribunal Electoral la responsabilidad de suministrar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en lo concerniente a las diversas denuncias contra el Estado panameño que reposan en este organismo.
A través de una misiva, Castillo García le expresa al canciller de la República que ha presentado varias denuncias contra el Estado panameño ante la CIDH, a nombre propio y en representación de varios candidatos a legislador en las pasadas elecciones del 2 de mayo de 1999, sobre las violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
El denunciante indica que el pasado 7 de agosto recibió una carta de Osvaldo Kreimer, secretario encargado de la Secretaría de la CIDH, donde se le informa que las denuncias han sido acumuladas e identificadas con el No. 12,314 y que en nota del 7 de agosto de 2000 transmitió al Gobierno Nacional la solicitud para que suministre la información correspondiente.
No obstante, sostiene el demandante que la subdirectora general de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería, Jana Quadri de Ballard, dijo que la solicitud de Kreimer fue recibida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y remitida al Tribunal Electoral para que "el mismo diere respuesta a las denuncias" a nombre del Estado panameño.
El abogado Castillo García expresa en su carta que objeta el procedimiento utilizado por la Cancillería de asignar "exclusivamente al Tribunal Electoral la tarea de evaluar y dirimir la posición del Estado panameño respecto a las denuncias", aludiendo que esta institución es la principal acusada de violar la Constitución Política panameña y varios articulados de la Convención Interamericana en las susodichas denuncias.
Leopoldo Castillo García cita el ordinal 9 del artículo 179 de la Constitución Política que otorga al Presidente de la República, en este caso al Canciller, la atribución de dirigir las relaciones exteriores y, sin dejar de mencionar la responsabilidad del Organo Ejecutivo de velar por el cumplimiento de las leyes y la Constitución.
"Consideramos que las denuncias, que aseguramos a su Excelencia, están plenamente justificadas y sustentadas, pueden dar lugar a que la CIDH demande al Estado panameño ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son, de pleno derecho, de obligatorio cumplimiento por el Estado panameño", añade en su misiva el demandante al canciller Alemán.
Alerta que un fallo favorable a los denunciantes puede traer consigo delicadas consecuencias institucionales que incluyen la posible cancelación de adjudicaciones legislativas a partidos y respectivas personas que representan escaños sin el querer del electorado, así como la adjudicación de curules a los partidos y representación correspondiente a los denunciantes.
Advierte que esta situación puede igualmente traer como consecuencias erogaciones substanciales al Estado en concepto de costas procesales y compensaciones a favor de los denunciantes.
"Debido a las delicadas repercusiones que podría acarrear las denuncias, opinamos que independiente de la consulta sobre las denuncias que vuestra Cancillería ha delegado al Tribunal Electoral, resulta conveniente y consecuente con las atribuciones y responsabilidades constitucionales del Organo Ejecutivo, que este último asegurara una segunda opinión de parte de especialistas en el ramo del Derecho Constitucional y Derecho Electoral", sugiere Leopoldo Castillo García en su nota. Castillo García señala que como el país no cuenta con especialistas en esta última rama del Derecho, sugiere una consulta a estudiosos foráneos.
Este denunciante argumenta que en las elecciones de 1994, el Tribunal Electoral por las mismas violaciones que denuncias ante la CIDH, "irrespetó el método legalmente instituido de votación de lista partidista cerrada y preferencias no bloqueadas de candidatos y, en consecuencia, le negó a usted el derecho a ser elegido como legislador de acuerdo a la voluntad de los electores del circuito 8-9 del distrito de Panamá".
Por todo ello, el abogado Leopoldo Castillo García le solicita, "patrióticamente y en atención a los intereses de la Nación", al canciller José Miguel Alemán que presente a la consideración de la mandataria su solicitud de una segunda opinión.
