La pronta aprobación de dos leyes para elevar a delito el tráfico de bienes culturales y otra para que exista un juzgado ejecutor en el Instituto Nacional de Cultura (INAC) para el cobro de multas impuestas por la práctica de la huaquería, pidió ayer a la Asamblea Legislativa, el director del Instituto Nacional de Cultura (INAC), Rafael Ruiloba, ante la detección de redes internacionales de tráfico de piezas arqueológica.
Según Ruiloba existen redes de traficantes de piezas arqueológicas en el país, una de las cuales fue descubierta el año pasado con la detención en Seatle Estados Unidos, de un ciudadano norteamericano que transportaba 50 piezas procedentes de Panamá.
En este decomiso Panamá tuvo que participar en un juicio en el país norteño para reclamar las piezas, que serán devueltas al país próximamente, ya que las autoridades estadounidenses consideraron pertinente aceptar el reclamo del INAC.
El norteamericano residente en Boquete, tenía sus enlaces con los huaqueros, lo que según Ruiloba "ha evidenciado la existencia de organizaciones sistemáticas que se dedican al tráfico de bienes culturales".
En este caso al norteamericano se le detuvo en su país sólo por evasión de impuestos y con el decomiso de las piezas. En caso de que hubiese sido detenido en Panamá se le hubiera impuesto una multa de 10 mil dólares.
Según Ruiloba estas redes funcionan en primera instancia con los huaqueros, que conociendo ya sus contactos o enlaces, les venden las piezas entre 500 a 10 mil dólares a algunos intermediarios, que posteriormente las vende al traficante internacional. El traficante, la mayor de las veces extranjero, las lleva fuera del país y allá son vendidas a coleccionistas e incluso a museos que pagan cifras económicas muy altas.
El proyecto de ley presentado por el INAC ante la Asamblea, busca imponer penas de cárcel y multas que sean obligadas a pagar a través de la coacción, a través de un juzgado ejecutor, que le permita a la institución combatir efectivamente el tráfico de piezas arqueológicas.
Precisó Ruiloba, que en una excavación ilegal los huaqueros pueden recibir beneficios económicos entre 500 y 10 mil dólares, al extraer estas piezas, que son muy valiosas por su antigüedad. "Se cotizan más alto que el mismo oro", aseveró.
Aseguró el funcionario, que el tráfico de piezas culturales a nivel de cuantía está en tercer lugar, por detrás del tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Recalcó que la falta de una ley para sancionar ejemplarmente a los huaqueros, ha impedido a la institución el cobro de por lo menos medio millón de balboas en multa, ya que una vez cometida la falta administrativa, los infractores no hacen los respectivos pagos.
"Existe una falta de actualización en las leyes del sector, por lo que pedimos la pronta aprobación de una ley contra el tráfico de bienes culturales y otra ley que permita a la entidad tener un juzgado ejecutor para hacer el cobro coactivo de las multas impuestas para darle funcionalidad a la gestión institucional de luchar contra el tráfico de bienes culturales", enfatizó.
Manifestó que como la huaquería sólo se considera como una falta administrativa, a la institución le es bastante difícil, perseguirla, "por lo que se ha hecho una coordinación con la Policía Nacional, las autoridades municipales y los corregidores de las áreas críticas donde hay huaquería, en especial Natá en Coclé, Chiriquí, Veraguas, y Los Santos. "En esos puntos hemos incluso infiltrado las bandas de los huaqueros y los hemos atrapado en el acto", puntualizó.
Según Ruiloba, más de 300 personas han sido detectadas practicando la huaquería, por lo que se presume que un número mayor se dedica a esta actividad.
