Unos 15 funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el Puerto de Vacamonte que fueron destituidos exigieron al Gobierno la restitución inmediata, calificando la medida como injusta y sin fundamento.
En ese sentido, Gustavo Withaker, presidente del Consejo Municipal de Arraiján, advirtió al director de esa entidad, Jerry Salazar, que ponga orden en los despidos con ribetes políticos, ordenados por los actuales administradores, debido a que la mayoría son residentes de ese distrito.
Indicó que no es beneficioso disponer de las fuentes de empleo, de un puerto tan productivo, para trabajadores que no pertenezcan a Arraiján en lugar de los residentes.
No obstante, dijo que los empleados destituidos eran de diferentes departamentos y la institución portuaria ni siquiera consideró los años de servicio prestados por éstos.
Señaló que el último mensaje que escuchó de la presidenta de la República Mireya Moscoso en los medios de comunicación fue que las destituciones habían pasado de temporada; sin embargo, la autoridad del puerto asume medidas enérgicas en contra de los trabajadores sólo por haber sido nombrados en la administración anterior.
Explicó que el gobierno debe reflexionar y hacer un alto en las destituciones, ya que la preocupación del Concejo es la poca respuesta que le pueda brindar a los despedidos cuando se acerquen a los representantes, para que se les dé solución.
Withaker agregó que a nivel nacional, en la AMP se ha destituido a unos 140 funcionarios y en el puerto de Vacamonte ya van 15. "Hasta cuándo se va a parar la injusticia con los empleados públicos, en un país que debe haber superado la etapa de la persecución por no pertenecer al partido del poder", cuestionó.
