Gremios docentes de la Universidad de Panamá solicitaron a la presidenta Mireya Moscoso designe una comisión de juristas para que estudie la aplicabilidad de la llamada Ley Faúndes y sus lamentables efectos.
Según los demandantes, la ley atenta contra el derecho al trabajo de cientos de profesionales que prestan sus servicios docentes en la Universidad de Panamá.
Dicha ley inhabilita de ejercer sus funciones públicas a cualquier funcionario que tenga más de 75 años de edad.
En una misiva dirigida a la nueva presidenta solicitan la instalación de una comisión que estudie la aplicación de la Ley Faúndes dentro de la Universidad de Panamá y que sus resultados conlleven a su posterior derogación.
Unos cincuenta catedráticos de la Universidad de Panamá supuestamente han sido obligados a renunciar, amenazados, por parte de la actual administración, con la aplicación de la Ley Faúndes.
Hace algunos meses atrás, gremios de profesores de esa casa de estudios interpusieron un recurso legal ante la Corte Suprema de Justicia, demandando la no aplicación de esa ley en la Universidad de Panamá bajo el supuesto de que sería violatoria de la autonomía universitaria.
La situación fue hecha pública en una carta dirigida a la presidenta Mireya Moscoso, que fue firmada por representantes de diferentes gremios de trabajadores y profesionales.
Según el documento, algunos catedráticos mayores de 75 años han sido forzados a renunciar bajo la amenaza de "entablarles un juicio y eliminar sus nombres de las planillas de la institución".
Según la denuncia, las presiones y renuncias se suscitaron al finalizar el primer semestre académico en la Universidad de Panamá, el pasado mes de agosto. Los denunciantes aseguran que con esas renuncias se busca "crear espacios políticos necesarios que, en el futuro, garanticen el triunfo de quienes se postulen como candidatos a la rectoría de la Universidad" de Panamá.
Los denunciantes aclaran que con esa misiva no buscan la violación de la autonomía universitaria, al solicitar la intervención del Ejecutivo, sino que desean hacer del conocimiento público las interioridades de la aplicación de dicha ley.
La misiva lleva la firma de Ada Villarreal, presidenta de la Auténtica Asociación de Profesores de la Universidad de Panamá; Genaro López, secretario general del SUNTRACS; de Octavio Mena, secretario de la AMOACS; Tobías Monje, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá; César Guevara, presidente del Colegio Nacional de abogados; Jaime Padilla, presidente de la Asociación de Abogados Litigantes; Manuel Cupas, presidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos y Diógenes Arosemena, Presidente del Círculo de Profesores que defienden la autonomía universitaria.
