La creación de un Tribunal Indígena de Justicia en la Corte Suprema de Justicia, que atienda los problemas legales de todas las comarcas, pidieron los legisladores de la Comisión Indígena de la Asamblea Legislativa.
Según el presidente de esta comisión, Bernardo Ábrego, este sería un tribunal que sólo atendería los temas indígenas, ya que así como se tienen problemas sociales también hay de tipo administrativo y judicial en las comarcas.
"Necesitamos un tribunal y que se nombren los jueces municipales en todos los distritos de la comarca Ngöbe Buglé, para no recurrir a la personerías municipales", dijo.
Según el Plan de Austeridad, se evitará la contratación de personal con cargo a contratos temporales y gastos de contingentes.
Los ministros aprobaron la modificación del sistema de contratación de seguros, con lo cual se reduce el costo de comisiones por pagar, y se suspenden los contratos de alquiler de los automóviles.
Los únicos que podrán usar autos alquilados serán los ministros, viceministros, directores y subdirectores de entidades autónomas, mientras que el resto de la organización tendrán que hacer un "pull" con los automóviles disponibles en cada institución. Esta misma medida se aplicará con el uso de celulares y la contratación de servicios adicionales. Sobre los seguros del Estado se hará un perfil de riesgo con el fin de determinar los bienes que realmente lo requieran.
La austeridad gubernamental que se ha implementado permitirá reducir sustancialmente los gastos del Gobierno en energía eléctrica ($58.4 millones comprometidos en el 2003), seguros ($6.8 millones); telecomunicaciones ($25.7 millones), y en alquiler de equipo de transporte ($4.5 millones en el 2003).
De acuerdo al informe de cuentas por pagar de la Contraloría General de la República, al 15 de agosto de 2004 había cuentas por pagar por 334 millones de dólares.
De ese total 160 millones de dólares corresponden a cuentas debidamente registradas y pendientes de pago por la Tesorería de la Nación.
Sin embargo, al hacer un muestreo con proveedores de bienes y servicios al Estado surgen cuentas por pagar significativas que aún no han sido incluidas en las cifras contabilizadas por la Contraloría. El monto total de estas cuentas está aún por determinar.
Según la administración anterior la deuda flotante no alcanza los 200 millones de dólares. Igualmente indicaron se pagaba a un máximo de 90 días, situación que ha sido desmentida por las cifras existentes, pues los empresarios tienen una larga lista de cuentas por cobrar.
