Pese a que Panamá se comprometió a luchar contra la corrupción al momento en que ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra este flagelo, la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, señaló que todos los estamentos de la administración de justicia tienen la responsabilidad de contar con la mayor credibilidad posible y garantizar la sostenibilidad del sistema democrático.
Las declaraciones de Gómez se dan días después de que Transparencia Internacional - Capítulo de Panamá - revelara que una de las instituciones con mayor percepción de corrupción es el Órgano Judicial y según el estudio, "en los próximos tres años este mal se incrementará en el país".
La Convención contra la Corrupción entró en vigencia ayer, a nivel mundial, y proveerá un sistema efectivo de asistencia legal mutua, toda vez que permitirá la persecución de casos de corrupción transnacionales.
En ese sentido, la procuradora indicó que con este acuerdo los fondos congelados al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, por un supuesto blanqueo de más de B/.56 millones en Panamá, pueden ser repatriados al pueblo nicaragüense que "tanto lo necesita".
Los artículos 44 y 46 de esta Convención, relativos a extradición y asistencia judicial recíproca, son similares a los contemplados en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, ratificadas por Panamá.
