Piden cumplir con presupuesto para mejorar sistema judicial

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, pidió ayer tanto a los miembros de la Asamblea Legislativa como al Ministerio de Economía y Finanzas, encargados de formular presupuestos, que cumplan la ley que establece destinar el 2% del presupuesto nacional, para lograr el mejoramiento del sistema judicial.
Indicó que es importante que sea entendido por quienes tengan que tomar decisiones, sobre todo, quienes preparan leyes y formulan presupuestos que es imperativo que se invierta más recursos en la administración de justicia.
Esto, dijo, no va a solventar del todo los problemas que existen, ya que tiene que haber una solución integral y completa, se requiere un cambio de actitud de los operadores judiciales, además de una necesaria renovación de quienes acuden a los tribunales judiciales, y por supuesto una reforma legislativa cónsona con las realidades de nuestra democracia y con las necesidades del servicio de la administración de justicia.
Aseveró que el principal factor que está afectando la administración de justicia es la ausencia de recursos presupuestarios y la falta de voluntad política para dotar apropiadamente a los servidores judiciales y a las instalaciones que existen para tales fines con miras a realizar la labor con plena y total eficiencia.
Además dijo debe haber una mayor capacitación de los servidores judiciales, una mayor incidencia de la ciudadanía en las decisiones de la administración de justicia, a través de consejos consultivos y de la reactivación del consejo judicial, tener las adecuadas estructuras judiciales, estar a tono con la tecnología moderna y dedicar a los jueces y magistrados a la función natural propia de dar la sentencia y fallos correspondientes sin distraerlos en otro tipo de ocupaciones de índole administrativo.
Manifestó que el Colegio Nacional de Abogados está participando en todas y cada unas de las iniciativas dirigidas a buscar las reformas al sistema judicial, sobre todo analizando temas en torno a la participación ciudadana y las consecuentes reformas legislativas que adecuen el actual reglamento procesal a las condiciones que brinden confianza, credibilidad y eficacia al sistema.