EL legislador Lenín Sucre pidió a los alcaldes de todo el país y a la población en general cumplir y hacer cumplir la ley que promueve la limpieza de los lugares públicos, sobre todo, este mes de diciembre, una época en donde se arrojan a las avenidas toneladas de basura con motivo de la celebración de fin de año.
"La ley que multa a los cochinos, a los que tiran basura en las calles, a los que no les importa un bledo con este país, rayando las paredes, orinando en las calles, debe cumplirse en todo el país. Los alcaldes son los que tienen la obligación de hacer cumplir la ley y seguir las instrucciones de la norma para imponer las multas a quienes la quebranten", aseguró el parlamentario.
Sucre, proponente de la ley, expresó que tiene conocimiento que el alcalde de la ciudad de Panamá ha ido tomando las medidas y está poniendo en práctica la ley, mientras que el alcalde de San Miguelito está tomando ciertas medidas para implementarla. "Donde no está ocurriendo lo mismo es en el interior de la República, por lo que le pedimos a los alcaldes que estudien la ley y que cumplan con lo que esta indica. Esperamos que en enero todas las alcaldías implementen esa ley que les producirá dinero y les ayudará a embellecer al país".
La Ley 30 aprobada el 12 de julio de este año, faculta a los corregidores de policía, alcaldes y gobernadores de la provincia; sancionar administrativamente con multas de 5 a 500 Balboas, al que bote o arroje en cualquier lugar público desperdicios o desechos que deberían ser colocados en bolsas, tinacos, canastas u otros recipientes destinados al propósito de recoger basura.
Sanciona además al que raye paredes de edificios públicos o privados, así como el que deponga en lugares públicos excretas humanas o animales.
En caso de que el infractor sea un menor de edad, los padres o tutores serán responsables por la multa impuesta.
Las multas establecidas en la ley serán pagadas en las oficinas que dispongan los municipios y no podrán ser exoneradas. El dinero ingresará al Tesoro Municipal respectivo.
La ley establece además que las multas impuestas y no canceladas después de un año, se duplicarán y se cuadruplicarán después de dos años. Si pasados los dos años la multa no es cancelada, el caso será remitido al juez ejecutor del respectivo municipio para su cobro coactivo.