La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, solicitó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren constitucional la resolución emitida por el Tribunal Electoral, por la cual ordenó suspender del cargo a la alcaldesa de La Chorrera, Brenda de Icaza.
Montenegro de Fletcher emitió estas consideraciones al responder a una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Carlos Carrillo contra la resolución del 21 de febrero de 2002, emitida por el Tribunal Electoral que suspendió del cargo a Brenda de Icaza.
De acuerdo con la procuradora Fletcher, del expediente judicial se observa que el Tribunal Electoral se ciñó a los trámites legales establecidos en el Código, ya que se le ofreció a la demandante la oportunidad de defensa y contradicción; así como la práctica de pruebas que le permitieran establecer su inocencia.
También señaló que el Tribunal Electoral en su decisión no vulneró el artículo 17 de la Constitución Política, porque en todo momento ese organismo electoral cumplió lo consagrado en la Carta Magna y la ley.
A la vez señala que ni en el acto acusado ni en los argumentos planteados por el abogado de la demandante, se observa que Brenda de Icaza haya sido juzgada en más de una ocasión por la misma causa, por lo que no se vulnera esa garantía procesal y no se ha infringido, por ende, el artículo 32 de la Constitución Nacional.
La alcaldesa Brenda de Icaza fue suspendida del cargo, luego que se le abriera un proceso electoral por haber destituido al funcionario David Toppin Chacón de la Alcaldía de La Chorrera, cuando éste aún se encontraba protegido por el fuero electoral.
Toppin, quien laboraba en el Matadero Municipal de La Chorrera, fue destituido de su cargo por supuestamente haber incurrido en ausencias reiteradas a su puesto de trabajo sin causa justificada. Brenda de Icaza ha presentado una multiplicidad de recursos para impedir su suspensión del cargo por la comisión de delitos electorales.
