Abogados que representan a la sociedad panameña Aguila Americana S.A. solicitaron ayer al director del Smithsonian Tropical Research Instituye, Dr. Ira Rubinoff, que "renuncie voluntariamente a su inmunidad" si se considera inocente de los cargos que han sido formulados en su contra por presuntos "delitos de inclusión de declaraciones falsas".
Esta sociedad ha denunciado a Rubinoff de "usurpar" el dominio de la finca número 10 inscrita al folio 36 del tomo 8 de la Sección de Propiedad de Veraguas, conocida como Isla Ranchería o Coibita.
"Isla Ranchería le pertenece a la Sociedad Aguila Americana", dijo el representante legal de la sociedad, Carlos Alberto De León.
Sostuvo que el conflicto que tiene el Smithsonian es el relacionado con las acciones. Según un documento entregado, "ninguna de las Juntas Directivas de la Sociedad Aguila Americana S.A. emitieron certificados de acciones a nombre de Manoucher Mohagery".
Mohagery, ciudadano estadounidense de origen iraní, fue elegido en 1988 presidente y secretario de la Junta Directiva de la sociedad Aguila Americana.
Posteriormente, en 1997, fallece y "supuestamente otorgó un testamento en el cual dejó en herencia al Smithsonian las acciones" de la sociedad, subrayó el documento.
"Ya ese fallo ha quedado sin efecto en Panamá porque el juez civil le solicitó a ellos (Smithsonian) que presentaran las acciones, no las pudieron presentar", indicó el abogado De León.
Una fuente del Smithsonian consultada reiteró ayer que la posición de esta organismo se fijó en un comunicado donde se indicó que ni este organismo "ni su director y representante legal, Dr. Ira Rubinoff han usurpado el dominio de la finca" conocida como Isla Ranchería o Coibita.
Según el comunicado, el 12 de noviembre del 2002, el Juez Primero Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, designó al Dr. Rubinoff, como "Albacea" de los bienes de la sucesión de Mohagery, entre los que se incluye la Isla Ranchería.
Cuando llegaron a la orilla hicieron el conteo y se percataron que faltaban tres marinos. Esperaron a que saliera la luz del día para rescatar los cuerpos a eso de las 7: 00 de la mañana. Muchos de los marinos estaban nerviosos.
El testigo destacó que ese domingo, cuando retornaron los metieron en un hangar, los amenazaron para que no hablaran, de lo contrario los botarían.
Los superiores de estos marinos pensaron decomisar los celulares de las unidades. "Nos soltaron a las 11: 00 de la noche", agregó.
"Fuimos al sepelio y también nos prohibieron hablar". Pero lo más curioso es que los oficiales y altos mandos del SMN no tenían en sus uniformes su placa con el nombre de identificación, continuó relatando.
El testigo aseguró que el alférez Franco se encontraba presente, pero esta versión no ha podido ser comprobada.
Ahora, después de todo lo que ha ocurrido, se pregunta cómo aún los alférez involucrados siguen trabajando como si nada, debido a que no fueron separados del cargo. A su juicio, si el involucrado hubiera sido un sargento o alguien de menor rango de seguro le aplicarían la baja.
Después de ese 14 de agosto, "no podía dormir, mis manos temblaban, tenía que caminar por toda la casa, hasta calmarme", relató.
La Procuraduría General de la Nación anunció la ampliación y reapertura de la investigación sobre la muerte del cabo Chiari, la cual está a cargo de la Fiscalía Tercera Anticorrupción. El ministro de Gobierno y Justicia, Héctor Alemán, solicitó, por su parte, a la procuradora Ana Matilde Gómez que se investigue hasta que se conozca la verdad.
El Ministerio de Gobierno ha iniciado una investigación sobre el caso Panamax 2005 y los tres marinos muertos. El Ministerio Público en la provincia de Colón, donde se está radicado el caso, hace lo mismo.
El informante afirma que sus compañeros quieren hablar, pero tienen miedo a que los boten, desean salir de la institución y que se les dé un traslado a otra entidad de la Fuerza Pública.
El ministro Alemán señaló que no habrá represalias y no van a destituir a nadie de la institución.
El marino Natanael Chiari murió el pasado 10 de enero, en condiciones que aún no han sido esclarecidas. La semana pasada el Ministerio Público ordenó reabrir el caso.
