El defensor del Pueblo, Italo Antinori solicitó recientemente al presidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Rafael Medina, una nueva evaluación sobre la denuncia que presentara el legislador Rubén Arosemena en cuanto al uso indebido por parte de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) de tierras que pertenecen a la CSS.
Al respecto Medina respondió al Ombudsman que en tanto recibió esta solicitud, pidió a la Contraloría General de la República y a la dirección de Catastro la realización del evalúo de la finca No. 73, 314, cuyos terrenos están siendo utilizados por ICA.
En la nota dirigida a Medina, Antinori señala que la Defensoría cuenta con los documentos que muestran la realización de un acto público convocado por la CSS para adjudicar la finca No.64 ubicada en el distrito de San Miguelito corregimiento José Domingo Espinar, urbanización San Antonio a esta entidad, en el año de 1992. En ese entonces a la finca que tenía una superficie de 500 mts2 se le estableció como precio base oficial para la venta la suma de trece mil quinientos balboas, lo que significa que el precio que debía pagarse por metro cuadrado era de B/. 27.00.
Con ello se puede concluir, indica Antinori, que el precio que la CSS pedía por la mencionada finca hace siete años, tuvo que haberse duplicado con el pasar de los años.
Igualmente agrega que los terrenos del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS que actualmente utiliza indebidamente ICA deben haber incrementado su valor, por lo que considera absurdo el precio de B/. 24 cuando 7 años atrás, tierras de la CSS en San Antonio eran evaluadas para su venta en B/. 27.00.
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