Una investigación para evaluar el impacto negativo que podría causar la construcción de la nueva sede de la Asamblea Legislativa en el Parque Nacional Camino de Cruces solicitó el representación de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), Félix Wing.
Asimismo indicó que ISCA está monitoreando una serie de proyectos sobre minería sostenible y gestión ambiental, los cuales recibirán el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En otro aspecto Wing subrayó que en la discusión de la Ley General del Ambiente N° 41 del 10 de julio de 1999 se trató de minimizar la participación de la sociedad civil.
Indicó que la presión de las Asociaciones Cívicas Unidas para la Reforestación de Panamá (ACU), Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), Asociación de Derecho y Ecología (DEECO), Defensa Ambiental, Libertad Ciudadana, Sociedad Audubon de Panamá (SAP) y Unión de Ciudadanos de Panamá, además de la Comisión de Justicia y Paz como observadora, se logró incorporar un 80% de los aportes de ISCA en el texto final del proyecto.
Apuntó que el reto principal es ampliar la reglamentación de la Ley General del Ambiente y los espacios de participación.
Estas consideraciones fueron evaluadas en el primer encuentro de la Asamblea Legislativa con la Sociedad Civil, celebrado el pasado 16 de noviembre en torno al tema ambiental. La misma solicitó una gestión pública ambiental más participativa, bajo la premisa de que la participación ciudadana debe ser tomada en cuenta en la toma de decisiones sobre políticas públicas, por ser la base del fortalecimiento de nuestra democracia.
Precisó que el tema ambiental no debe separarse del desarrollo o de la economía.
Enfatizó que no es suficiente con dedicarse a proyectos de conservación, por lo que la red de ISCA, creada durante las discusiones de la ley General del Ambiente en 1998, tiene como misión la incidencia en las decisiones sobre políticas públicas.
Wing mencionó que ICA también logró incorporar sus cinco propuestas en la Agenda Social del nuevo gobierno, específicamente en la Mesa 10, "Protección al Medio Ambiente", que incluye la creación de dos comisiones multisectoriales que analicen la política y la legislación ambiental.
