Durante la audiencia preliminar celebrada ayer, el fiscal Almengor sostuvo que existió un acuerdo previo entre los agentes de la PTJ y un grupo de narcotraficantes criollos a quienes le venderían la droga.
En su alegato el fiscal sostuvo que cada uno de los participantes en el hurto de la droga recibiría B/.11 mil.
Alegó que existía toda una logística organizada para sacar la droga del depósito de la PTJ, e incluso se contrató los servicios de un cerrajero para abrir las puertas de acceso a la institución.
En la sumarias se establece que las unidades de la PTJ coordinaron con el oficial Francisco Antonio Grajales la entrega de los estupefacientes.
Esta versión fue objetada por el abogado Valentín Jaén, representante legal de Francisco Grajales, quien aseguró que su cliente es objeto de una conspiración por parte de otras unidades de la Policía Nacional (PN).
Jaén sostuvo que varios miembros de la PN y la PTJ fueron coaccionados durante la investigación para orientar su declaración.
También afirmó que hubo deficiencias en la instrucción del sumario, ya que pruebas solicitadas por la defensa no fueron admitidas. Los implicados pueden enfrentar una pena de 10 a 15 años de prisión.
