Después de más de ocho meses de investigación, la Fiscalía Auxiliar de la República remitió ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la vista fiscal de uno de los más grandes escándalos de narcocorrupción que sacudió al Ministerio Público por la liberación de cuatro supuestos narcos en Azuero, bajo la complicidad de altos funcionarios de esta entidad.
El fiscal Auxiliar, Dimas Guevara, en su opinión fiscal solicitó el llamamiento a juicio de la exjefa de Recursos Humanos del Ministerio Público, Eva Lorentz, por la supuesta comisión de los delitos de corrupción de funcionario público y violación de sellos públicos.
También pidió responsabilidad penal contra la exfiscal de drogas de Herrera y Los Santos, Milagros Valdés, el abogado José Alcibiades Ballesteros; los prófugos de la justicia, Miguel Ángel Castillo, George Guillén Burgos y Abelino Ríos, por el delito de corrupción de funcionarios. De igual forma, solicitó al tribunal la extinción de la acción penal a favor de Miguel Ángel Castillo Domínguez (q.e.p.d).
Mientras que para la entonces exsecretaria del Ministerio Público y actual fiscal Segunda Superior de Chiriquí, Nedelka Díaz, y su hijo Ángel Castillo se pidió un sobreseimiento provisional.
Por los cargos de blanqueo de capitales, Guevara solicitó un sobreseimiento definitivo para los ocho imputados en este caso, toda vez que esta figura delictiva no se logró configurar dentro de la investigación.
Dentro de este expediente tampoco se logró comprobar el supuesto pago de más de 400 mil dólares para lograr la liberación de los presuntos narcos.
Argumentos de la Fiscalía.
Guevara basó su decisión en que dentro de las investigaciones se comprobó el delito de corrupción de funcionario en su modalidad de “colusión”, que es un acuerdo fraudulento, convenio o contrato de inteligencia entre dos o más personas hecho en forma fraudulenta y secreta con objeto de engañar o perjudicar a un efecto.
Esta figura delictiva quedó evidenciada dentro de la primera declaración indagatoria rendida por Valdés, en la que aseguró que en octubre del 2010, cuando ella trabajaba en el Tribunal de Contrataciones Públicas, fue contactada por el abogado José Alcibiades Ballesteros, quien le ofreció el cargo de fiscal de Drogas de Herrera y Los Santos, con la condición de que cuando llegara a este puesto, pusiera en libertad a los imputados implicados en el expediente de la narcoavioneta, Miguel Ángel Castillo, Miguel Ángel Castillo Domínguez, George Guillén Burgos y Abelino Ríos.
Semanas después, Valdés es contratada como secretaria de la Fiscalía de Drogas de Herrera y los Santos. Un mes después, para el 22 de noviembre, se convierte en la titular del cargo, tres días después, ordena la liberación de los cuatros narcos.
Para el tres de diciembre de ese mismo año, emite una vista fiscal solicitando el sobreseimiento definitivo a favor de los cuatro implicados.
Conexión.
Otra de las pruebas que pesan contra Valdés, Ballesteros y Lorentz es la vinculación que existía entre los tres.
Dentro de la foja 7594, del tomo 22 del expediente de este caso, existe una copia íntegra del poder del colombiano Rubiel de Jesús Osorio Yepes designando como abogada sustituta a Eva Lorentz Franco, y abogado principal a José Alcibiades Ballesteros.
Mientras, la foja 10558 es otro documento que evidencia que José Alcibiades Ballesteros y Eva Lorentz litigaban juntos. Se trata de una copia de la renuncia al poder de representación de Ballesteros y Lorentz, como abogados principales y sustitutos de los supuestos narcotraficantes mexicanos David Plascencia y Félix Sánchez.
En este mismo tomo, a foja 10553 aparece una copia de la escritura 1324 en la que aparece la disolución de la Sociedad Consultores Legales, que estaba integrada por José Alcibiades Ballesteros, Milagros Valdés y Francisco Lemos.
Génesis.
Los prófugos están relacionados con el hallazgo de la avioneta con logos de la Unicef y la Cruz Roja, en los terrenos de la finca La Hondita, propiedad de Miguel Ángel Castillo (padre q.e.p.d.), en agosto del 2010, la cual dio positivo en residuos de droga. Las investigaciones preliminares indicaban que esta avioneta, supuestamente, transportaba droga hacia la frontera de México y retornaba con dinero. Estas investigaciones aún se encuentran en manos de la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos.
