El Ministerio Público solicitó ayer a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantener la condena de 44 meses de prisión contra el exlegislador del Partido Revolucionario Democrático, Mario Miller, procesado por los delitos de extorsión y asociación ilícita.
Miller fue condenado junto a un grupo de funcionarios de aduanas y particulares, quienes descubrieron evasiones fiscales de algunas empresas y decidieron extorsionarlas por la suma de B/.800 mil. Al exlegislador se le dejó en libertad luego de cumplir las dos terceras partes de su condena.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público, Rigoberto González, afirmó que las declaraciones de los testigos en que se asegura que Miller tomó un maletín de manos de Carlos Augusto Villalaz, que contenía el dinero del soborno están plenamente acreditadas en el expediente.
Explicó que durante la audiencia celebrada en 1997 se demostró que Miller había tomado el maletín y que ello se confirma en las sentencias de primera y segunda instancia, en las cuales se declara responsable al sindicado de los delitos que se le imputan.
Aseguró que no existen contradicciones sobre las declaraciones hechas por las testigos y que en las sumarias no hay errores, contradicciones o deficiencias probatorias. También estableció que la fuerza de las declaraciones quedó corroborada al establecerse que los testigos presenciales no tienen relación con las partes.
El funcionario alegó que la sanción impuesta contra Miller es razonable y que éste debe cumplir el resto de la pena en prisión, según lo establece la ley.
Agregó que incluso un de los imputados, Jaime Alfonso Guzmán, confesó la comisión del delito de extorsión en perjuicio de un grupo de empresarios que se encontraban evadiendo impuestos.
