Piden más consultas para estudio

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana solicitó en una misiva al director general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, que considere ampliar de tres días a un mes el tiempo destinado para someter a consulta pública el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la Fase II del Corredor Norte (Tinajitas-Tocumen), cuyas conclusiones fueron presentadas en audiencia pública el 3 de febrero por la empresa PYCSA.
Por la existencia de "justificadas aprensiones por las expropiaciones y reubicaciones que, de acuerdo a versiones de prensa, será necesario efectuar por la obra", Libertad Ciudadana pidió a la ANAM que dé un mes para revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), efectuar las consultas necesarias y celebrar audiencias públicas con cada una de las comunidades ubicadas en la vecindad de la ruta propuesta.
Sobre las audiencias públicas, Libertad Ciudadana está interesada en saber si se consultó a las comunidades afectadas cuando se realizó el EIA y si tenían la información necesaria para participar en igualdad de condiciones en las convocatorias.
Para Libertad Ciudadana no es suficiente publicar convocatorias en los periódicos ni poner a disposición del público los documentos en una biblioteca para consulta, porque esto no garantiza la participación de la mayor cantidad posible de personas que pudieran verse afectadas.
Piden que se tome en cuenta que el carácter eminentemente técnico y complejo de los EIAs limita enormemente la participación ciudadana, especialmente en aquellas comunidades de baja escolaridad que no cuentan con profesionales que puedan orientarlos sin ánimo de lucro.
En la carta se recuerda a la ANAM los graves efectos ambientales provocados por la primera fase del Corredor Norte, que careció de un proceso de evaluación de impacto ambiental adecuado y récord ambiental negativo que tiene la empresa al no haber cumplido con las mitigaciones establecidas ni con el acuerdo de compensación suscrito con el Patronato Parque Natural Metropolitano, razón por la que se ventila una demanda civil por B/. 2.44 millones contra PYCSA.