En los últimos años se han perdido unos B/. 250.000, propiedad de las Asociaciones de Padres de Familia de escuelas primarias y colegios secundarios, por los que se han iniciado 25 procesos judiciales, sin que hasta la fecha se haya condenado a nadie, alertó el presidente de la Coordinadora de Padres y Madres de Familia, Eric Rodríguez.
Rodríguez atribuyó esa situación a que los Decretos 3 y 245, que regulan estas agrupaciones en primaria y secundaria respectivamente, no son los suficientemente claros y duros para que las autoridades adopten sanciones contra quienes hacen mal uso de los dineros.
Indicó que en las denuncias hechas en años recientes se han involucrado directivas del Instituto América, el Instituto Nacional, la Escuela Profesional Herrera Obaldía, el Richard Neumann, el Instituto Urracá y el IPT Nicolás Del Rosario de San Miguelito, entre otros.
Frente a esta situación, Rodríguez estimó necesario unificar los decretos existentes en una sola ley, que deba adecuarse inclusive a los modificación de la Ley 13 ahora convertida en Ley 49, mediante la cual se crea el Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).
La falta de una norma que imponga sanciones severas es lo que motiva a que personas que no tienen las mejores intenciones pretendan formar parte de las directivas de los clubes de padres de familia, destacó Rodríguez.
Aseguró que en algunos casos, personas que no tienen hijos de edad escolar, simplemente buscan la manera de inscribirse como acudientes de estudiantes para tener la oportunidad de integrar las directivas de las asociaciones.
Afirmó que actualmente se labora en la redacción de un proyecto de ley destinado a regular estas agrupaciones y una de los artículos precisa que la elección de los delegados de salones de donde salen los directivos debe escogerse a través de dos Asambleas Generales en la que una sea para postular y la otra para desarrollar el proceso de votación.
