Con el fin de que se inicie una investigación de oficio, familiares de los fallecidos por el desplome del alero de la casa 8A- 33, ubicada en San Felipe, acudieron a la Defensoría del Pueblo.
Junto al abogado Víctor Orobio, los familiares pidieron a la defensora del Pueblo, Mónica Pérez, determinar qué funcionarios tuvieron responsabilidad directa o indirecta con el lamentable hecho.
Por su parte, la Defensoría se comprometió para realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de Vivienda (MIVI), el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP) y la Oficina del Casco Antiguo, para esclarecer este trágico incidente que llenó de luto y dolor a humildes familias panameñas.
Quienes perdieron la vida en el hecho fueron los menores Dwahit David Sánchez Martínez y Daniela Estéfany Mercedes Cirea. Así como el adulto José Del Carmen Mendoza Ramos, quien falleció después en el Hospital Santo Tomás (HST).
Aunque es consciente de que se le debe dar una oportunidad a quienes habitarán el sector, le preocupa lo que suceda cuando esto ocurra.
Su preocupación recae en que ellos están organizados y no sabe qué pasará con los nuevos habitantes. Está de acuerdo con que estas personas habiten el sector, pero pide que se organicen con la comunidad para evitar conflictos.
Otra inquietud es el desconocimiento que tienen las autoridades sobre cómo funcionan las acosas allí, pues este punto no ha habido coordinación entre la comunidad y los nuevos miembros.
