La Comisión de Justicia y Paz solicitó a la presidenta Mireya Moscoso que no sancione la ley denominada Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, ya que no se crearán los tribunales y fiscalías de menores infractores hasta el año 2002.
En una entrevista publicada en el Semanario Panorama Católico, la directora ejecutiva de Justicia y Paz, Magaly Castillo, señaló que el artículo 207 de esta ley no instituirá los tribunales y fiscalías en violación a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos.
De acuerdo con Castillo, el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia establece los parámetros en que serán juzgados los menores ante instancias judiciales, pero que a la fecha no existen jueces capacitados para ejecutar este tipo de funciones.
A la vez estableció que en ese tiempo como serán juzgados los menores adecuadamente, estimó que lo más probable es que se suscite un aumento de la delincuencia, ya que si un menor es juzgado por un delito mínimo y si no es atendido debidamente, en el día de mañana será encerrado por una falta mayor como homicidio o violación.
Explicó que se han enviado notas a diferentes organismos defensores de los derechos humanos para que le soliciten al gobierno nacional que no sancione la citada legislación, ya que ello implicaría la violación de la Convención de los Derechos del Niño y se afectaría la justicia penal.
La legislación recién creada establece los parámetros en que se debe ejecutar el proceso contra los menores de edad que cometan algún tipo de delito, pero la falta de recursos económicos no permitirá la creación de las fiscalías correspondientes para ejecutar la instrucción sumarial correspondiente.
Tampoco existen los fondos suficientes para crear los juzgados encargados de conocer los procesos judiciales en que se vean involucrados menores de edad, para impedir que éstos sean juzgados con las mismas normas que los adultos.
La nueva legislación ha sido criticada por algunos sectores, ya que no ha tomado en cuenta la dotación de los recursos económicos suficientes para su implementación efectiva y que corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
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