Piden a procuraduría rechazar laudo arbitral

EL LITIGIO por el pago de B/.32 millones al consorcio francés Ferdinand de Lesseps decidido por un tribunal de arbitraje parece intensificarse.
Ayer el ex gobernador de Colón, Gassan Salama, acudió al Ministerio Público para entregar a la procurador Ana Matilde Gómez una serie de supuestas evidencias, en las que se establece que el cosorcio francés actuó sin cumplir con las normas legales para instalar una terminal de transporte en la provincia de Colón.
Salama, quien se encontraba acompañado del dirigente transportista Gilberto Soto, aseguró que el Estado no debe pagar la indemnización de B/.32 millones.
Sostuvo que hubo una gran cantidad de irregularidades y se falsearon algunos documentos para obtener la concesión para construir la terminal en Colón.
Planteó que el consorcio francés no tenía un terreno en donde realizar la edificación y tampoco presentó los planos de la terminal.
Dijo que el Ministerio Público ha expresado interés en defender los intereses del Estado en este caso, y por ello se acercó para aportar una serie de documentos que establecen cómo se manejó la asignación de la concesión para construir la terminal de transporte en Cuatro Altos, Colón.
No obstante, el laudo arbitral emitido a principio de mes establece la obligatoriedad por parte del Estado a pagar los B/.32 millones en concepto de indemnización.
El laudo arbitral establece que la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) incumplió el contrato suscrito con el consorcio francés, que ante esta situación invocó un convenio suscrito entre Panamá y Francia en 1985.
En este convenio se establece que las partes contratantes no podrán tomar medidas de expropiación o desposeer directa o indirectamente a los nacionales o sociedades de ambos países realizadas en sus territorios.
Además establece que de darse la desposesión deberá hacerse siguiendo los procedimientos legales y luego se deberá pagar la indemnización respectiva.