Miembros del Colegio Nacional de Abogados (CNA) pidieron al reelecto presidente de ese gremio, César Guevara, se nombre una comisión ad-hoc que evalúe e investigue los hechos ocurridos el 8 de julio, en el cual se viera involucrado el Procurador General de la Nación y funcionarios de la Policía Técnica Judicial.
Los juristas María Carrillo Brux, Guillermo E. Morales y Sidney Sitton Ureta en carta enviada al Presidente del CNA, le solicitan al igual que a la Junta Directiva de esta agrupación, que se haga un pronunciamiento "formal y público del gremio de abogados" con respecto a este hecho que se ventiló la semana pasada en diferentes medios de comunicación social.
"La gestión que realice el Colegio Nacional de Abogados tiene fundamento en que los funcionarios de mayor jerarquía, tanto en la Procuraduría General de la Nación como en la Policía Técnica Judicial, son abogados y miembros de esta agrupación gremial", expresan en su nota los mencionados profesionales del Derecho.
Señalan también que los funcionarios implicados representan instituciones que son parte de la Administración de Justicia, "cuyos problemas atañen a nuestro gremio de profesionales"; al tiempo que afirman que del mismo modo "como hay sanciones para los abogados litigantes con motivo del ejercicio profesional, debe el Colegio pronunciarse sobre las actuaciones de abogados que ostentan funciones públicas y que en el ejercicio de las mismas atenten contra la administración de justicia y los principios éticos que regulan nuestra profesión".
"Sabemos que muy en particular, la problemática que se está dando al nivel del Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial involucra directamente nuestros intereses gremiales, así como a nuestros clientes y la ciudadanía en general", reafirman en su misiva Carrillo, Morales y Sitton.
Los tres abogados indica al Presidente del CNA que "su intervención es obligatoria, para señalar una orientación a la comunidad acerca de los principios jurídicos y éticos que se deben guardar los funcionarios de ambas instituciones para el mejor desenvolvimiento de la Administración de Justicia".
El pasado jueves 8 de julio, el procurador José Antonio Sossa se apersonó a las instalaciones de la PTJ para saber la condición del hindostán Raj Mayani, lo que fue impedida por los agentes de seguridad del director de esa dependencia, Alejandro Moncada, provocando la reacción de los escoltas del jefe del Ministerio Público.
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