Sostiene que la prórroga de la discusión del referido acuerdo busca que la sociedad civil y la "incivil" ejerzan su derecho a opinar sin cortapisas sobre un tema que "roza las fibras más íntimas de nuestra nacionalidad, nuestra condición como Estado y nuestra imagen internacional".
Los sectores organizados del país requieren del tiempo necesario para ofrecer sus puntos de vista sobre este acuerdo, que ha sido impuesto a un gran número de países, so pena de sufrir recortes en ayuda militar y otros rubros en caso de no acceder a sus presiones.
El acuerdo establece que Panamá no someterá a los procedimientos de la Corte Penal Internacional a las fuerzas militares, personas y funcionarios de Estados Unidos que incurran en delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y otros (como violaciones sexuales) en territorio panameño.
Para Yao, llama la atención el momento escogido para su aprobación, que contrasta dramáticamente con la total indiferencia de esta Asamblea en cuanto a los tres o cuatro acuerdos suscritos entre Panamá y Estados Unidos desde diciembre de 2001, en los que se dan flagrantes y graves violaciones a la soberanía y a la Constitución, así como al derecho internacional, sin que los honorables "Padres de la Patria" se hayan interesado en su responsabilidad legal y nacional de verificar tales acuerdos.
Esta discusión se da en momentos en que el país está concentrado en el tema del Seguro Social y no ha advertido que en menos de una semana se le ha otorgado carácter de urgencia notoria.
Entre el miércoles y jueves, la Asamblea Legislativa aprobó en primer y segundo debate este acuerdo, por lo que se espera que mañana lunes sea discutido en su tercer y último debate.
Admitió González que ante la cantidad de talleres de revisado de automóviles que no cumplen con las disposiciones legales vigentes, han tenido que cerrar varios, de los más de 200 que funcionan en el país.
Explicó, además, que la ley faculta a la Dirección de Tránsito de la Policía para que detenga y multe a los dueños de aquellos vehículos que dejen escapar gases sin los controles correspondientes.
Al respecto González reconoció que la nueva norma que se aspira aplicar es que la ATTT disponga de un dispositivo técnico que se le aplicará a los autos (en el tubo de escape) para poder medir el nivel de emanaciones.
La emisión de gases es producida por el desperfecto del motor del vehículo.
Explicó González que la gasolina que está llegando a Panamá tiene problemas con algunos elementos que deterioran el vehículo y que contribuyen a la emisión de gases. La ciudad de Panamá concentra más de 435,000 vehículos y a la vez la mayor cantidad de industrias, situación que a juicio de las autoridades relacionadas con el tema del medio ambiente, significa que el aire que respiramos está contaminado.
Según se desprende del informe elaborado por Vasco Duke Hernández -Coordinador Nacional del Programa Aire Puro y autor de "Calidad del Aire en Ciudad de Panamá 1996-2003", del Instituto Especializado de Análisis, la contaminación atmosférica está por arriba del 90% debido a las emisiones vehiculares.
Agrega el informe de Duke Hernández que lo anterior no quiere decir que estamos al borde de un colapso, pues hasta ahora sólo las calles, avenidas y sitios aledaños a estas calles y avenidas evidencian concentraciones por arriba de los límites permitidos.
Sostiene que "el aire en las zonas urbanas alejadas de un intenso tráfico vehicular gozan de un aire con poca concentración de contaminantes y con niveles por debajo de los límites considerados como máximos, pero si hacemos un promedio de todas las estaciones de monitoreo podremos apreciar que las concentraciones están por encima de los límites permitidos, y todos sin excepción estamos expuestos a respirar estos contaminantes". En Panamá la legislación para la protección del medio ambiente y calidad del aire faculta a varias entidades: el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
El problema del aire que respiramos tiene una estrecha relación con nuestra salud y, en consecuencia, debe ser considerado como un problema de salud pública y seguridad ciudadana. El aire contaminado que respiramos produce irritación en los ojos, mareos, náuseas, fatiga, dolores musculares, alteraciones en el sistema nervioso.
Según explica Lourdes Trujillo, jefa de la Sección de Ambiente de Trabajo del Ministerio de Salud, el incremento en las enfermedades respiratorias se debe -en gran parte- a un creciente desmejoramiento en la calidad de aire que se respira en la ciudad de Panamá, generado por contaminantes atmosféricos tales como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo y partículas suspendidas.
Reconoció Trujillo que hay discrepancias entre el Ministerio de Salud y la ANAM en cuanto a la interpretación del capítulo IV del Código Sanitario que identifica medidas públicas para suprimir molestias públicas por ruidos, humo, gases tóxicos y otros.
La sección de Desechos Peligrosos del Ministerio de Salud elabora normas de calidad ambiental. La discrepancia entre ANAM y Salud no tiene justificación porque la competencia legal de ANAM se relaciona con el ambiente, en cambio al Ministerio de Salud le corresponde sancionar las quejas relacionadas con la salud pública.
Recordó Trujillo que desde 1998 en Panamá se empezó a aplicar la Ley 36 que restringe el ingreso de vehículos nuevos que no posean convertidor catalítico en sus motores.
Se trata de promover una reglamentación y se llevan a cabo jornadas midiendo las emisiones de los vehículos.
En materia de áreas más contaminadas de la ciudad capital, el informe de las Estaciones de Monitoreo del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá indica que San Miguelito representa la más alta densidad de tráfico del país con más de 100,000 unidades por día. En el distrito hay un centro del transporte colectivo para rutas secundarias y es considerado como punto de alta contaminación.
