Expertos de la Convención Interamericana contra la Corrupción recomendaron a Panamá fortalecer sus sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares, que denuncien de buena fe actos de corrupción incluyendo la protección de su identidad.
La recomendación surge a partir de la presentación que hizo la secretaria del Consejo Nacional de Transparencia, Alma Montenegro de Fletcher, el pasado 4 de diciembre, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los avances de Panamá en materia anticorrupción.
La ausencia de resultados objetivos en este campo, según los expertos, no permitió hacer una valoración de los mismos.
Frente a ello recomendaron a Panamá -por segunda ocasión- proteger a quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación administrativa o judicial.
El Segundo Informe de Panamá en materia de lucha contra la corrupción revela que actualmente en el país, no existe una ley específica que establezca medidas y sistemas que protejan a los funcionarios públicos y particulares que denuncian actos de corrupción.
En 1996, los miembros de la OEA adoptaron la Convención Interamericana Contra la Corrupción que fue el primer instrumento jurídico internacional en este campo.
