La construcción de una megacárcel con capacidad para más de 5,000 personas no es funcional y en su lugar se debe edificar prisiones más pequeñas y eficientes, destinadas a organizar a los privados de libertad en diferentes programas de resocialización.
Lo anterior fue planteado por el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, quien destacó que el Estado debe desarrollar una política de seguridad sostenida a largo plazo, que pueda ser ajustada y, a su vez, involucre a todos los actores de la sociedad.
En declaraciones al programa Diálogo, Vargas manifestó que el Estado ha fracasado y los resultados se reflejan en las estadísticas de crimen, la deserción escolar y las integraciones de las bandas delincuenciales.
Detalló que la Defensoría del Pueblo trabaja con el Ministerio de Gobierno para construir un modelo de gestión penitenciaria que resuelva los problemas carcelarios de una manera transparente.
