El proyecto para garantizar la seguridad ciudadana, presentado por el Gobierno, concede "súper poderes" a la Policía Nacional claramente inconstitucionales, por lo que Alianza Ciudadana Pro Justicia, junto a catorce organizaciones de la sociedad civil, solicitaron a la Asamblea Nacional su retiro de la agenda de discusiones.
La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Aura Emérita Guerra de Villalaz, estimó que el proyecto vulnera el Artículo 21 de la Constitución, al permitir mantener la detención de una persona por más de 24 para investigación.
"Estamos dando súper poderes a la Policía para que se abuse de los derechos y garantías de todos los ciudadanos", estimó.
También calificó como improcedente, dar calidad de plena prueba a los informes de la Policía y que los corregidores puedan realizar allanamientos por cualquier delito.
El abogado Dionisio Rodríguez explicó que se le está tratando de dar facultades legales a estamentos criticados por la ciudadanía en su procedimiento, como lo son la Policía Nacional y los corregidores, con lo cual se está violando la Constitución.
Rodríguez criticó el proyecto del Gobierno como una ley improvisada, que no tiene técnica, ni metodología jurídica.
Roxana Méndez, de la Red de la Niñez, expresó su preocupación por el tema de la violencia, pero recordó que los adolescentes infractores, no superan el 4% de los delitos cometidos en el país.
Argumentó que el Gobierno "ha demostrado incapacidad en el tema por la falta de recursos, de personal capacitado, de peritos y, si no se resuelve esto, no va a importar cuánto tiempo sea extendida la privación de libertad".
La ministra de Desarrollo Social, María Roquebert, sin embargo, sostiene que el objetivo del Gobierno es perseguir el delito, cerrar las fallas fortaleciendo los mecanismos de investigación y crear una ley basada en las garantías fundamentales.
