El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, dijo que las autoridades deben revisar los términos de los contratos con las empresas distribuidoras de energía, una vez concluyan las investigaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP).
Manifestó que se debe conocer si las empresas utilizan correctamente los recursos que el Estado ha destinado a través de los subsidios que superan los 200 millones de balboas en los últimos cuatro años , para beneficiar a las personas que consumen hasta 500 kilovatios.
Insistió en que los términos sean revisados respetando la seguridad jurídica, porque los "intereses particulares no deben prevalecer sobre el interés general".
