Carrillo recusó ayer a los magistrados de la DRP por resistirse a levantar las medidas cautelares contra los bienes y cuentas bancarias de la empresa.
Alegó que los magistrados de la DRP han incumplido la orden impartida por la Corte Suprema de Justicia y ello demuestra el claro interés que mantienen en el resultado de este proceso y por ello deben ser separados del conocimiento del caso.
También presentó una segunda petición para que se declare en desacato a los magistrados de la DRP y al contralor Alvin Weeden por mantener cautelados los bienes de la empresa.
Reiteró que la Contraloría utilizó la suma de B/.400,000 de los fondos de PECC sin que se conozca el uso dado a los mismos, por lo que se deben rendir cuentas.
La Corte acogió un amparo presentado contra la decisión de cautelar los bienes de PECC y ordenó levantar la medidas cautelares impuestas, pero la DRP se ha mostrado reacia a cumplir.
Detalló que en este caso ha existido un claro desafío a las decisiones de la Corte, por lo deben ser separados del conocimiento del expediente.
Explicó que presentará un recurso de desacato contra Alvin Weeden por mantener la cautelación de los bienes de PECC y sin determinar el uso de sus fondos.
Por este conflicto, PECC ha perdido gran parte de los equipos utilizados para trabajos de ingeniería. Para el abogado defensor del caso Benito Mojica, su lucha legal tiene un paralelismo con la pelea entre David y Goliat. El Estado es "pulpo gigante" que pocos se atreven a enfrentar. El caso lo lleva la Fiscalía Primera de San Miguelito.
Mojica tomó la defensa sin recibir honorario alguno porque "ni al Defensor del Pueblo, ni la Comisión de Derechos Humanos, ni el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUNFA), ni los juzgados seccionales de familia, se interesaron".
El licenciado sostuvo también que las profesoras Elizabeth de González, directora de la Escuela José Domingo Espinar y Yadira Ruiz Barrios, directora regional del área de San Miguelito, están siendo encausadas criminalmente, porque supuestamente tenían conocimiento de lo sucedido y no hicieron nada para remediarlo.
Mojica alabó el desempeño de la fiscal segunda de San Miguelito, Arcinda María Jurado Becerra, quien tuvo la valentía de escribir en la vista fiscal 413 del 8 de octubre del 2003, que se había incurrido en el delito de "abuso de autoridad e infracción a los deberes de los servidores públicos".
Como abogado espera que el Ministerio Público llame a juicio a los responsables, pero como ciudadano, Benito Mojica no espera nada de un Gobierno que no hizo nada al inicio de su gestión y no hará nada al final. "Estoy seguro que se dará un sobreseimiento, porque hasta ahora no se ha juzgado a nadie vinculado al poder".
Una de las acusadas, la directora regional de San Miguelito sólo atinó a decir que se está dando seguimiento a los padres y a los niños y se han comprometido a vigilar los baños, los recreos y las inmediaciones del plantel.
El gabinete psicopedagógico supervisa desde el incidente, los primeros hasta los sextos grados, realizan actividades con los estudiantes, los padres y los maestros. A los estudiantes "agresores" los enviaron al turno de la tarde y al afectado a la mañana. Todos siguen en el plantel.
Los niños están recibiendo asistencia psicológica y la directora del plantel está organizando una escuela para padres, donde se capacitará a los acudientes sobre la autoestima y la conducta de sus hijos.
A un año de la denuncia, fue recientemente cuando la Fiscalía Primera de San Miguelito admitió la querella para ver si hay mérito para llevar el caso a juicio.
