El personero primero de circuito, César Laffoirie, solicitó el sobreseimiento de 20 controladores aéreos de los 62, a quienes se les acusa del presunto delito de atentar contra la seguridad aérea durante la huelga celebrada en 1997.
Solicitó igualmente el encausamiento penal del resto de los encartados durante la audiencia preliminar celebrada ayer en el Juzgado Cuarto Municipal, luego de varios intentos fallidos para realizar el proceso a estas personas.
Durante la audiencia, el abogado defensor Luis Vásquez alegó que sus clientes no cometieron ningún delito, ya que cumplieron con todos los trámites necesarios para realizar el paro en demanda de aumentos salariales.
En su alegato, Vásquez destacó que sus clientes nunca pusieron en peligro la seguridad de las naves en el espacio aéreo nacional y que incluso habían advertido a las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) sobre su decisión y habían tomado las previsiones del caso.
También negó que los controladores aéreos hayan borrado los programas de acceso a los equipos de control aéreo y que nunca hubo la intención de causar daño a la infraestructura de aeronavegación, como se ha querido hacer ver por parte del Ministerio Público.
En tanto, Claudio Dutary, vocero de los controladores aéreos, dijo que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la destitución ilegal ejecutada por el gobierno, tan sólo por el hecho de solicitar mejoras salariales.
El juez de la causa se acogió al término de 24 horas para dictar un sobreseimiento o llamamiento a juicio de los controladores aéreos.
En reemplazo de los controladores nacionales el gobierno contrató personal norteamericano, a quienes paga sueldos muy superiores a los devengados por los nacionales.