Antes de criticar el proyecto de ley que pretende modernizar el Sistema Penitenciario, el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, debe presentar mayores evidencias de que esta norma provocaría actos de "corrupción", afirmó ayer el viceministro de Gobierno, Alejandro Pérez.
Indicó que el Procurador conoce el sistema y debe tener razones para suponer que esto puede provocar actos de corrupción, pero lo mejor sería que fuera más específico y señalara algunos casos en los cuales se dieron este tipo de situaciones para suponer que podrían darse en el futuro.
Pérez, quien se mostró de acuerdo con el texto del proyecto ley aprobado, manifestó que hay que tener presente que todavía queda la instancia de la presidenta de la República, quien podría vetar la propuesta.
Sin embargo, para esto sería necesario que Sossa definiera cuáles son los elementos que podrían provocar este tipo de situaciones para que entonces se pueda determinar si las razones son válidas o no.
Sossa cuestionó esta semana un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa para modernizar el Sistema Penitenciario, al considerar que podría dar lugar a actos de corrupción, pues se deja a criterio de la Dirección de Corrección, dependencia del Ministerio de Gobierno, la potestad para otorgar permiso laborales o de estudios a los detenidos.
