Directivos de la Unión Nacional de Centros Educativos Particulares (UNCEP), solicitaron a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, que vete la Ley No. 128 que regula el uso de textos escolares y obras complementarias, nacionales y extranjeras, en los centros de educación inicial y especial, así como en las escuelas básicas oficiales y particulares, aprobada en tercer debate por la Asamblea Legislativa.
La presidenta de UNCEP, Roxana Castrellón y la secretaria de este organismo, María Teresa Martínez, enviaron una carta a Moscoso, en la que solicitan "que vete la antedicha ley, y que la misma sea devuelta a primer debate a objeto de ser consultada debidamente".
Según Castrellón y Martínez, la recién aprobada ley "coarta" el principio de libertad de enseñanza, establecido en el artículo 90 de la Constitución Política del país, al limitar el uso de un insumo educativo de la jerarquía del libro, ya que "condiciona el uso de textos escolares a la nacionalidad de sus autores y no a la calidad de los mismos y a la ampliación del marco referencial del estudiante".
Sostuvieron que la aprobación de esta ley que unánimemente permite el uso de textos nacionales no sólo contraviene el espíritu de acuerdos y organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a futuro, del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), sino que limita la capacidad de insertarse eficazmente en un mercado global de conocimiento, a través de una educación más competitiva y acorde a las exigencias actuales de una sociedad global.
Las directivas de UNCEP, agregaron en la carta a Moscoso que los cambios donde el conocimiento humano se duplica cada catorce meses, "es inaceptable la revisión y actualización cada cinco años de textos escolares".
Añadieron que la Ley Orgánica de Educación norma todo lo concerniente a libros escolares, siendo innecesaria la promulgación de esta nueva ley, sino más bien la reglamentación de los artículos pertinentes en ese cuerpo legal.
Para Castrellón y Martínez, el espíritu para la compra de textos escolares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que establece el concurso de editoriales locales y extranjeras y de autores locales y extranjeros, siempre y cuando cumplan con los estándares de contenido local y de normas de calidad, "se contravendría", al limitar las alternativas de escogimiento del mejor libro para niñas y niños panameños, independiente de la nacionalidad de los autores.
