Durante la audiencia "situación de la administración de justicia en Panamá", desarrollada en la Comisión Interamericana de Derecho Humano (CIDH)- Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó una visita "in loco" (en el sitio) a suelo istmeño, y así el pronunciamiento mediante comunicado sobre las serias amenazas a la independencia del Órgano Judicial y al Ministerio Público.
La representación nacional pidió a la entidad internacional brindar asistencia técnica al Estado panameño en el desarrollo del proceso de la selección de jueces. Asimismo que exija la inclusión de mecanismos de transparencia y de la participación ciudadana.
Otras de las solicitudes fue el reclamo al Estado panameño de su obligación de respetar la declaración de principios sobre la libertad de expresión, aprobada por esa comisión.
Felipe González, presidente de la CIDH, dio inicio la sesión, en donde -entre otros temas- abordarán el caso de la separación de Ana Matilde Gómez de la Procuradoría General de la Nación.
Magaly Castillo, directora ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, hizo una primera intervención explicando el panorama del sistema de justicia panameño, señalando una serie de situaciones que -a su parecer- representan serias muestras de atrasos comparados con el ámbito global.
Respecto a las inquietudes surgidas en torno al tema de independencia judicial por parte de los comisionados, Miguel Antonio Bernal, abogado, respondió que "no puede haber independencia judicial en un país donde hay corrupción".
El constitucionalista señaló que hay intromisión del Órgano Ejecutivo en asuntos que sólo le corresponden exclusivamente-en un estado de derecho- al Órgano Judicial.
También indicó que la sociedad civil es puesta al margen, restringiendo la posibilidad de expresión. Acciones que van en contra de lo establecido en las convenciones internacionales de Derechos Humanos.
"La impunidad creciente asfixiante" que existe en el país es otro factor que impide el desarrollo de ese estado, señaló Bernal.
