Las interceptaciones y grabaciones telefónicas en la Procuraduría de la Administración dejaron al descubierto una práctica ilegal que se ha generalizado en el país.
Este hecho confirmó lo que la dirigencia sindical, periodistas y algunos políticos comentan: "Nos tienen pinchados".
Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, la práctica de las interceptaciones telefónicas se hace con el pretexto de perseguir ciertos delitos, pero que en la realidad han servido para que funcionarios como el procurador Oscar Ceville se dediquen a “pinchar” y realizar una intromisión directa en la vida privada de una serie de funcionarios.
Recordó que en este Gobierno se nombró como magistrado a José Abel Almengor, quien en su momento defendió las escuchas telefónicas hasta por escrito.
El abogado hace alusión a que el hoy magistrado escribió un libro en 2007, cuando era fiscal de Drogas, en el que reconoce que con las reformas constitucionales de 2004 se creó un “vacío jurídico” en materia de “pinchazos”.
En el libro titulado: “La técnica de investigación de interceptaciones telefónicas”, Almengor cita que con las reformas de 2004 se determinó que las escuchas telefónicas deben ser avaladas por una “autoridad judicial”.
Según Bernal, los “pinchazos en este país se han vuelto una fiesta”, porque no hay control ni procedimiento.
“Lo más irónico es que persiguen a la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, por algo que no hizo. Ella no ‘pinchó’ el teléfono del ex fiscal Arquimedes Sáez, lo hizo por solicitud de la víctima de extorsión”, señaló.
Equipos accesibles.Los avances tecnológicos permiten escuchar conversaciones con equipos fácilmente adquiribles en el mercado local, y por costos que no superan los mil 500 dólares.
Se trata de un proceso sencillo. Un experto en telecomunicación, que pidió la reserva de su identidad, explicó que esta actividad no está regulada.
Precisó que son muchas las empresas que prestan sus servicios para espiar, ya sea a familiares en residencias y empleados en las empresas privadas.
