La procurada separada de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo que la intervención de llamadas telefónicas en el Ministerio Público (MP) era una práctica antigua.
Según Gómez, después de las reformas Constitucionales de 2004, que dejó la potestad de intervenir las llamadas telefónicas a la Autoridad Judicial (de la cual ella consideraba formaba parte) llegó a realizar aproximadamente siete intervenciones.
Las autorizaciones de la jefa del MP provenían de órdenes giradas por los ex fiscales de droga, Patricio Candanedo y Abel Almengor, éste último actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La afirmación de la procuradora separada se produjo durante la indagatoria hecha en la Procuraduría de la Administración por el caso de supuesto abuso de autoridad presentado por el ex fiscal Arquímedes Sáez.
