De los 700 buses piratas que logró censar la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), solo se inscribieron entre 300 y 400 unidades a las prestatarias del área norte, este y oeste, declaró el director de la entidad, Julio González. El resto le hace alusión al nombre.
Ese primer paso solicitado por la ATTT se convertiría en el “aval” para que las autoridades reconocieran que la circulación de las unidades era “un mal necesario” frente a un deficiente sistema a cargo de Mi Bus.
Pero ese compromiso iba acompañado de una certificación expedida por la ATTT y cumplimiento de las reglas del tránsito que les garantizarán a los usuarios un viaje seguro. Para los transportistas que aspiraron a entrar al proceso de legalización, el viaje fue en balde.
Las unidades no han logrado tramitar el seguro colectivo contra accidentes como se acordó. Luis Rodríguez, secretario general de Transportes del Futuro S.A. (Tranfusa), culpa al incumplimiento de la ATTT en el acuerdo, “y en consecuencia, los usuarios quedan desprotegidos de un seguro contra accidentes”.
“Sin una resolución de la entidad no se puede tramitar el seguro completo. Las aseguradoras no nos reconocen como un sistema de transporte legal”, reclamó el dirigente de Tranfusa que en el periodo de inscripción adoptó a 128 unidades de busitos piratas.
La revelación deja fría a Marcia Mastre, dirigente de los usuarios del transporte en el corregimiento de Belisario Porras, en San Miguelito, que ve en riesgo su vida al abordar un transporte alterno. “No suficiente con incrementar los costos del pasaje sin autorización de la ATTT, juegan con nuestra vida”, comentó ayer mientras clausuraba una reunión con el director regional de la ATTT en San Miguelito, Darío González, para quejarse del aumento ilegal del pasaje en las rutas internas.
