Hace cinco años, las historias de secuestros en Panamá eran vistas como un problema social de países como Colombia y México; y los pocos hechos que se registraron fueron cometidos por extranjeros.
Sin embargo, en los últimos tres años el secuestro se volvió un problema criollo que no solo es cometido por extranjeros, sino por grupos organizados que vieron en este negocio ilícito la forma de obtener dinero fácil.
El 19 de marzo de 2009, cuando los panameños Mauricio Martínez Hinds y Eligio Atencio secuestraron a un joven que se dirigía a la universidad, no midieron las consecuencias de sus actos. Tres años después, ambos exmiembros de la Policía Nacional fueron condenados a 13 años de prisión por el Juzgado Quinto Penal, tras ser encontrados culpables de plagio.
Este no es el primero ni el último secuestro que se registra en el país. En el 2009 se dieron 24 casos, en el 2010 la cifra bajó a nueve, pero el año 2011 cerró con 14 secuestros.
Este año no se han registrado casos en los primeros tres meses, según reportes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Aunque no hay cifras específicas, el fiscal contra el crimen organizado, Marcelino Aguilar, señaló que la mayoría de los casos de secuestro investigados por su despacho son cometidos por panameños y sus víctimas son nacionales.
Sobre este tema, Aguilar indicó que la mayoría de las víctimas son personas que poseen un alto recurso económico y generalmente tienen relación con alguno de los secuestradores.
Las investigaciones que realiza la Fiscalía Contra el Crimen Organizado dan cuenta de que la relación previa de un secuestrador con la víctima puede ser amistosa, familiar o laboral y esta persona sabe cuáles son los movimientos de la víctima y es quien brinda la información a los otros miembros del grupo delictivo. Este enlace no participa en el secuestro, pero al final es detectado por las autoridades.
Los plagiadores no tienen un perfil específico para escoger a sus víctimas, ya que se han registrado casos en la que secuestran desde menores hasta adultos, pero en su mayoría son del sexo masculino.
Agregó que generalmente no son personas millonarias, pero que sí tienen el recurso suficiente para pagar por un rescate. Algunas veces no tienen la suma que piden los secuestradores, sin embargo, ofrecen menos de lo solicitado, y estos lo aceptan.
En ese sentido, el director de la DIJ, Manuel Moreno, recomendó crear una seguridad personal, es decir, estar pendientes de quiénes los siguen, qué vehículo está afuera de su casa vigilándolos.
“Hay que ser más maliciosos de las personas que los rodean, porque pueden realizar un trabajo de inteligencia”, acotó.
Es importante, agregó Moreno, que se notifique a la policía si algún miembro de su familia es víctima de un secuestro, para no propiciar el crecimiento de este negocio en el país.
