El grupo Defensa Ambiental denunció que la compañía Environmental Protection and Recovery Inc. (EPRI), planea instalar una planta para importar y procesar toneladas de desechos tóxicos en territorio panameño, informó un comunicado de prensa de esa organización.
El documento señala que para tales fines esta compañía presentó en diciembre de 1999 un estudio de impacto ambiental para la instalación de la referida planta que proyecta instalar en Chiriquí Grande.
Defensa Ambiental también denunció que entre los químicos que se tratarían en esta planta estaría el Bifenil Policlorado (PCB), un compuesto que produce cáncer y daños al sistema inmunológico.
Agrega que esta misma empresa intentó hace dos años establecer sin éxito una planta similar en Puerto Armuelles, en ese entonces la Universidad de Panamá recomendó que no se instalara debido a los riesgos que implicaba para el país.
Según la nota en esa ocasión, la ministra de salud, Aida de Rivera, dio luz verde al proyecto enviando a EPRI una nota en la que recomendaba la presentación de un estudio de impacto ambiental como requisito para aprobar la planta.
Señala que la nota de la ministra estaba avalada por una similar que en 1996 enviara el entonces director general de salud, Jorge Montalván, donde expresaba que un estudio de viabilidad del proyecto demostraría mejor las características de éste y las ventajas para Panamá si se llevase a cabo.
Destaca que Panamá es signataria de varios convenios internacionales que prohiben el tráfico de desechos tóxicos, sin embargo el abogado ambientalista, Donaldo Sousa Guevara, fue contratado por EPRI para que evaluara alguna vulnerabilidad de la legislación panameña que permitiera la construcción de la planta.
La asociación por ambiental también denunció, en su comunicado, la intensión de este proyecto de convertir a Panamá en un centro de trasiego de desechos tóxicos para evadir leyes internacionales y obtener grandes ganancias en el proceso, debido a que el plan incluye reexportar los desechos procesados a otros países del tercer mundo.
Aduce que el PCB es un compuesto que se usaba en equipos eléctricos hasta que en los años 70 se prohibiera su fabricación debido a su alta toxicidad, por lo que las normas en los países norteños para desechar este químico son muy estrictas.
Sostiene que el proceso de degradación por rayos de energía propuesto por EPRI nunca se han hecho en el mundo y les preocupa que parte de la documentación presentada por la compañía, a la cual ellos han tenido acceso, es ilegítima.
Por otra parte, la agrupación ecológica informa a la comunidad sobre los planes de la compañía Procesos y Análisis Metalúrgicos, S.A. (PAMETSA) de importar una cantidad indeterminada de desechos de plomo al país para su procesamiento en su planta ubicada en Pedregal.
Agrega Defensa Ambiental, que esta compañía de reciclaje de plomo está tratando de obtener permiso para introducir al país uno o más furgones que contienen baterías usadas, probablemente en países centroamericanos.
Añade que esta empresa tiene una planta en Pedregal que lleva años contaminando el ambiente con emisiones de plomo y otros metales altamente tóxicos, sin contar con instrumentos de monitoreo de estas emisiones contaminantes.
La agrupación presume que los furgones están en el punto fronterizo de Paso Canoa esperando la autorización de la dirección general de salud, del ministerio de Salud, dependencia encargada de los temas relacionados a desechos tóxicos.
Defensa Ambiental anuncia que se mantendrá investigando y corroborando la información relativa a este problema.
