Un estudio comparativo de la situación de la Caja de Seguro Social indica que el Programa de Enfermedad y Maternidad (PEM) podría registrar un déficit en el año 2004, porque sólo cuenta con una pequeña reserva de fluctuaciones y contingencias, y recomienda un aumento de la cotización de 19.65% a 25.83%.
El estudio, elaborado por Carmelo Mesa-Lago, catedrático de Economía de la Universidad de Pittsburgh, para la Fundación Friedrich Ebert, compara la CSS con los sistemas de seguridad del área y plantea que existe un déficit financiero y actuarial a largo plazo que requiere un aumento de la cotización.
El informe que hace referencia también a datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) establece que la cotización actual del PEM tendría que ser elevada a 9.2%, y de no hacerse ocurriría un déficit en el 2004, o sea más pronto que el del Programa de Vejez Invalidez y Muerte (PIVM) que se estima en el 2013.
También se indica que las reservas del PIVM se agotarían en el 2010 y el déficit actuarial sería de B/.7 millones 712 mil, equivalente a 12.1% del Producto Interno Bruto en ese año. Las proyecciones mencionadas no tienen en cuenta el costo de la infraestructura del PEM (construcción de hospitales, clínicas, equipo, etc.) que, como ya se ha explicado, se ha financiado a través del programa PIVM.
Detalla que en 1996 el Programa de Invalidez Vejez y Muerte prestó B/.93 millones al PEM, del cual el 58% aún no ha sido desembolsado, por lo que es indispensable que sea autosuficiente, o sea que su cotización incluya el costo de la infraestructura hospitalaria.
Este informe formará parte de los análisis que a finales del presente mes iniciarán las diferentes fuerzas vivas del país en el Diálogo Nacional sobre la Caja de Seguro Social (CSS) y la Seguridad Social con la supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que busca determinar el futuro de la institución con miras a evitar un déficit actuarial.
En Panamá, desde 1982 a 1999, no se ha dado ningún aumento en las cotizaciones,. No obstante, el aumento de la cotización en 1975 se hizo al introducir nuevos programas (como la jubilación anticipada y la extensión de la cobertura de PEM a los dependientes de los asegurados), pero fue insuficiente para financiar dichos programas.
El próximo martes el PNUD lanzará el proceso de Diálogo Nacional por el Seguro Social con la presencia de la presidenta de la República, Mireya Moscoso; la representante de la PNUD en Panamá, Elizabeth Fong; el presidente de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Erasmo Múñoz; el director de la CSS, Juan Jované y otras autoridades.
Once países tienen una cotización más alta, incluyendo a los cinco pioneros en modelos de seguridad y Costa Rica, todos los cuales tienen una cobertura poblacional mayor y programas más costosos que los de Panamá. Pero también tienen una cotización más alta Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú, cuya cobertura es inferior a la de Panamá.
El análisis plantea que el porcentaje de la cotización total que paga el asegurado se encuentra entre las más altas de la región (5ta en 1989), mientras que la que debe aportar el empleador se coloca en un punto y medio. La mitad de los países de la región tienen edades de jubilación más altas, incluyendo varios cuyas esperanzas de vida al tiempo de retiro son inferiores a las de Panamá.
El porcentaje de gasto de pensiones en el gasto total de las prestaciones de seguridad social en Panamá es de casi el 57%, el séptimo más alto en la región, a pesar que el programa de pensiones es relativamente joven pues data de 1941.
Algunos de las sugerencias planteadas por la OIT para superar la crisis actuarial futura de la CSS, son es la transferencia de recursos de los programas sobrefinanciados (Riesgos Profesionales y Administración) al del PIVM; un aumento de la cotización o una modificación de los niveles de las prestaciones o una combinación de ambas.
Para el asesor del PNUD, Stanley Muschett, el diálogo tiene como objetivo servir de facilitador para que los representantes de la sociedad civil, los partidos políticos y el Gobierno, busquen propuestas e iniciativas que garanticen la autonomía del Seguro Social, el principio de solidaridad y su viabilidad en el futuro.
