El Fiscal Electoral, Gerardo Solís, aseguró que hasta la fecha sólo se han presentando de manera formal seis denuncias de presuntos delitos cometidos durante los pasados comicios.
El funcionario indicó que el número de denuncias, que no es alto, es un indicador de que la ciudadanía se comportó correctamente el 2 de mayo, día de las elecciones generales.
Solís manifestó que entre los casos que se han presentado ante sus oficinas están: portar armas durante las elecciones, despido de funcionarios electorales, compra de votos y cambios ilegales de residencias.
Las dos últimas denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía Electoral fueron presentadas por el perredista Renato Pereira, quien aspiró a una curul a la Asamblea Legislativa por el circuito 8-9, y el ciudadano Celencio Hernández, quien denunció que fue despedido por tomar su día libre tal como lo señala la ley para quienes son acreditados por el Tribunal Electoral para trabajar como jurados.
Solís manifestó que existen muchas personas que al momento de presentar una denuncia ante la fiscalía, se dan cuenta que se están quejando de una irregularidad administrativa, por lo que desisten de su propósito inicial.
Aseguró que existen otros casos en donde las personas llaman y se quejan, pero al solicitarles que se apersonen a interponer la denuncia formal, desisten.
Sobre el caso del Carlos Vallarino, quien adelantó información restringida durante las elecciones, Solís reiteró que se le ha cursado oficios a los canales de televisión para que le proporcionen el video, ya que ese día se encontraba supervisando en diferentes puntos en la ciudad.
Aseguró que desconoce cuáles fueron las declaraciones de Carlos Vallarino y del arnulfista Víctor Juliao, quien proclamó como ganadora antes de la hora a Mireya Moscoso, sin la autorización del Tribunal Electoral.
Sobre el caso del legislador Franz Wever, el fiscal informó que se están haciendo las investigaciones para probar si hubo compra de votos durante el proceso en el que logró reelegirse.
El funcionario adelantó que pedirá la cárcel para aquellas personas que han incurrido en cualquiera de los delitos electorales.
Adelantó que en dos meses se aplicarán las sanciones para las personas que retuvieron actas circuitales, y en cuatro meses se espera definir el resto de las denuncias.
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