La Fiscalía Auxiliar podría abrir una investigación contra el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada, por el supuesto delito de violar el secreto de la instrucción sumarial, al tiempo que llamó a declaración jurada a cuatro periodistas el defensor del pueblo y el presidente del Colegio de Abogados dentro de la denuncia por calumnia e injuria interpuesta por el procurador José Antonio Sossa contra el abogado Santander Tristán.
Una fuente judicial dijo que la investigación contra Moncada girarían en torno a sus declaraciones a medios de comunicación social de que durante el mes que espió el teléfono del juez tercero civil, Enrique Lau Cruz, no se encontró "absolutamente nada" en su contra y que sólo había cumplido instrucciones de escuchar sus conversaciones.
Explicó la fuente que el artículo noveno del Código Judicial prohíbe a los funcionarios de instrucción revelar aspectos sobre el sumario seguido a determinada persona y se establecen sanciones que van desde dos meses a dos años de prisión para sus transgresores.
Por otra parte, se conoció que la Fiscalía Auxiliar solicitó la comparecencia a ese despacho de los periodistas Rolando Rodríguez, Bienvenido Mojica, Hitler Cigarruista y Rogelio Córdoba para que rindan declaración jurada sobre las declaraciones hechas por Santander Tristán contra el procurador Sossa, en el sentido de que éste ordenó intervenir su teléfono.
También informó que se citó al defensor del pueblo, Italo Antinori, y al presidente del Colegio de Abogados, César Guevara, quienes participaron de la conferencia de prensa en donde el abogado Tristán denunció a Sossa.
Sossa por su parte enfrenta dos denuncias por supuesto espionaje telefónico, una interpuesta por el juez Lau Cruz y otra por Tristán. El jefe del Ministerio Público deberá contestar a la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, un cuestionario sobre las acusaciones que le formuló Lau Cruz.
El procurador tiene 48 horas laborables para contestar esta diligencia judicial, tiempo que se extendió hasta después de la Semana Santa por los siete días libres que toma el Organo Judicial y el Ministerio Público durante las fiestas santas.
El caso de la intervención telefónica tomó un nuevo giro la semana pasada, cuando el abogado Darío Eugenio Carrillo pidió la detención preventiva del juez Lau Cruz y la apertura de un proceso legal contra el director de la PTJ por la presunta violación de la reserva del sumario.
