Toda una polémica a lo interno del Gobierno y del Partido Panameñista ha desatado el reciente incidente en el que sujetos dispararon contra la residencia del diputado Luis Barría.
La situación se da, luego de que tras el incidente, Barría pidiera citar ante la Asamblea al ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera Franceschi, para que explicara la creciente inseguridad en el país, lo cual generó la reacción del presidente Juan Carlos Varela, quien planteó: "Es un caso que no está ligado al tema de inseguridad del país. Está ligado más probablemente con situaciones que se hayan podido dar; no sé de qué tipo".
El presidente Varela rechazó la tesis de que los balazos contra la residencia del diputado y copartidario estén relacionados con el aumento de la inseguridad, y dejó el compás abierto a otra posible explicación.
Argumentó que en Panamá hay 800 mil viviendas, "y no todos los días le disparan a la casa de uno de esa forma: o entran a robar o entran a hacer un daño. Cuando se hace este tipo de cosas, es como una amenaza, es como un mensaje para Luis Barría".
Destacó que más que citar al ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera, (Barría) a la Asamblea, lo que debe es compartir con las autoridades y conmigo, como presidente, y con los directores de Seguridad del Estado, alguna preocupación que tenga, algún problema que él tenga, que pueda haber provocado una reacción de algún grupo delincuencial que haya hecho eso", concluyó Varela.
Antes de las declaraciones de Varela, Barría indicó que los niveles de inseguridad en el país son preocupantes y, por ello, se citaría al titular de Seguridad ante el pleno legislativo.
El tema incluso generó reacciones de todo tipo en las redes sociales.
Sobre este tema, el secretario del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro, señaló que Barría "debería estar preso".
Agregó que cuando Barría fue director del Registro Público se le realizaron varias acusaciones, de las cuales tiene dos pendientes en la Corte Suprema y todavía no ha sido investigado.
También explicó un supuesto pleito judicial en el que se involucra al diputado panameñista en pugna por una finca valorada en $360 mil.