Polémica por obstrucción de vía pública en Chilibre

EL Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la corregiduría de Chilibre se tiran la pelota en el caso de un morador que bloqueó la calle de acceso a la carretera Madden.
Según los vecinos, la medida perjudica a 15 familias de la comunidad Puente Roque, desde hace tres años.
Mediante Resolución No. 29 de 17 de febrero de 2005, la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF, a cargo del ahora ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, ordenó al ciudadano dejar libre la servidumbre de 10 metros de ancho por 100 de largo.
Además, éste debía restaurarla a su estado original en un término de cinco días hábiles, demoliendo las edificaciones.
Esa norma fue ratificada mediante la Resolución No.03 de 3 de enero de 2006.
Más tarde, a través de la Nota No. 501-01-505, fechada del 26 de febrero de 2007, la Dirección de Catastro del MEF notificó de la orden a la corregidora de Chilibre, Zoraida Rojas.
El vocero de los afectados, Felipe Diez, señaló que se ha incumplido la resolución y a la fecha, la calle sigue bloqueada.
Actualmente los lugareños deben caminar más para llegar hasta la calle principal donde se encuentra la piquera de buses del corregimiento.
El vocero de las 15 familias afectadas por la obstrucción de la calle que accede a la carretera Madden, dijo que las personas deben caminar por la peligrosa Boyd Roosevelt, que no tiene acera, para llegar a la piquera, poniendo su vida en riesgo.
"Todos los residentes que tienen que tomar los buses para ir al centro de salud deben caminar tres veces más, en vez de usar la vía pública bloqueada", añadió.
Según Diez, al ciudadano se le impuso una multa de B/.5 mil por desacato, pero "ni siquiera se ha tramitado".
El tema es conocido en la Defensoría del Pueblo.
La defensora Mónica Pérez acogió la queja de los moradores de Chilibre y emitió una nota, fechada del 29 de enero, tanto a la corregidora Rojas como al actual director de Catastro del MEF, Mariano Quintero.
Además, por la falta de cumplimiento de las normas, Diez elevó una nota de consulta al procurador de la Administración, Oscar Ceville, para saber quién tiene que ejecutar la orden de desalojo de la servidumbre.
Sostuvo que ahora pondrá una demanda penal por incumplimiento del deber del funcionario y por ignorancia inexcusable de la ley.
A su juicio, "es insólito que estas dos instituciones se estén tirando la papa caliente una a la otra y se niegan a cumplir con su deber".