Las zonas de comercio mundial reemplazarían a las zonas procesadoras para la exportación, ante las exigencias de la Organización Mundial de Comercio .
Para la ex presidenta de la Asociación de Usuarios de la ZLC, Digna Donado, hay que conciliar un texto que adecúe las necesidades de las nuevas zonas mundiales de comercio para que no afecten a las zonas existentes.
Pero, la presidenta de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, Elizabeth de Quirós, considera que éstas no serían competencia alguna para la ZLC, ya que el proyecto busca que se establezcan empresas que "se dediquen a traer materia prima para producir, y posteriormente puedan vender o exportar".
Quirós señaló que las zonas procesadoras tienen "fecha de cumpleaños" en el 2007 como establece la OMC, y tendrán nuevas reglas en donde no deberán existir privilegios en ninguna zona.
Según Ricord, tal como está, conviene a los partidos que suben al poder, quienes se han beneficiado de la "desinstitucionalización".
De allí el poco interés de cambiar el método de elección de los magistrados.
La renuncia de los magistrados de la Corte pondría, como quien dice, a los tres Órganos del Estado en bandeja de plata para el presidente.
El controlaría al Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que sería muy peligroso.
Humberto Ricord destacó que la ignorancia sale por todos los poros del país. "Poco se sabe del derecho, ni siquiera de los aspectos fundamentales", sentenció.
Y es que a su entender, todos aquellos que piden la renuncia de los magistrados y se golpean el pecho, no estarían muy contentos si el Gobierno tiene el control absoluto de los órganos supremos del país.
Uno tiene que juzgar al otro. Así lo establece la mayoría de las constituciones latinoamericanas.
Aunque la fórmula no es la más adecuada, en Panamá la diferencia la plantea el hecho de que los magistrados son escogidos por el Ejecutivo y ratificados o rechazados por la Asamblea Nacional.
En el caso de Costa Rica, aunque es la Asamblea la que los nombra, esta no los juzga, sino que admite o rechaza la denuncia y luego la transfiere a la Corte, quien decidirá el asunto mediante votación secreta no menor de los tercios del total de sus miembros.
Para Ricord, a nivel de Latinoamérica no existe ningún modelo a imitar porque en ellos también ocurren barbaridades.
Al final de cuentas lo que se establece es una anarquía total, corriéndose el riesgo de que se vuelva a repetir la historia.
Según indicó, pronostica que tal como se pinta el panorama, en Panamá se volverá a repetir lo mismo que sucedió en 1968, porque el país ha llegado a un extremo absoluto de fracaso total como maquinaria de gobierno, económica e incluso, no hay ningún aspecto en el que las cosas marchen medianamente.
Cabe señalar, que el pasado miércoles la Comisión de Credenciales recibió las denuncias contra los magistrados.
Allí se decidió formar una subcomisión que tendrá que rendir un informe a finales de esta semana.
Lo cierto es que en esta Comisión ya hay precedentes de casos en los cuales no se sanciona a los acusados.
La sesión judicial más reciente contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue el 11 de abril de 2000, en el caso del magistrado José Manuel Faúndes (q.e.p.d.).
Ese día, la Asamblea reanudó las sesiones judiciales. A Faúndes se le absolvió de los 4 cargos imputados, al no completarse el total de las dos terceras partes que establece el Artículo 2494 del Código Judicial, para determinar la culpabilidad del acusado.
